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Los descabezados por caso Panama Papers en Colombia

En el país el escándalo de Panama Papers volvió a sonar y esta vez las autoridades están tomando cartas en el asunto.

El escándalo Panama Papers que hace más de un año estremeció a miles de empresario, políticos y funcionarios alrededor del mundo y que también tocó a los colombianos, resucitó en el país gracias a los avances en las investigaciones.

La Fiscalía tiene a más de uno acorralado después de revelar más de 240 correos electrónicos y declaraciones de peritos contables y financieros, que confirman que directivos de varias empresas en el país ocultaron bienes y activos para evadir sus obligaciones tributarias en Colombia y de esa manera enriquecerse rápidamente.

Las acusaciones más recientes de la entidad involucran a cinco directivos y contratistas de las firmas Efectivo Ltda. y Circulante S.A., además del gerente de la empresa Mossack Fonseca, en seis delitos de estafa y fraude financiero.

Además, solicitaron al juez del caso que profiera medida de aseguramiento en centro carcelario a los directivos de estas compañías, al considerar que se trata de delitos graves contra el sistema financiero y los colombianos, y por estar en riesgo el debido proceso por posible obstrucción a la justicia. Hasta el 20 de octubre se sabrá la decisión que tome el juez sobre esta petición.

Los implicados, hasta el momento, son: la representante legal y presidente de la firma Efectivo Ltda., Luz Mary Guerrero; la contadora de Efectivo Ltda y Circulante S.A., Marta Inés Moreno; la representante legal suplente de Servientrega S.A., Sara Guavita; el revisor fiscal de Efectivo y Circulante S.A., Jorge Humberto Sánchez Amado, y el gerente de Mossack Fonseca, Juan Esteban Arellano.

Estas personas investigadas habrían realizado actividades ilícitas desde 2011 hasta 2015, cuando el escándalo de Panama Papers empezaba a conocerse en el mundo, aunque todavía no llegaba a Colombia. “En este caso se trata de un monto superior a los 4,5 millones de dólares de excedentes que ocasionaron que las empresas dejaran de recibir legalmente 415 millones de pesos en nuestro país”, indicó la entidad.

Fue gracias al Panama Papers que se conoció que, por medio de la firma de abogados Mossack Fonseca & Co, compañías colombianas evadieron sus responsabilidades tributarias ocultando sus activos y bienes. Estos movimientos permitieron que dichas empresas mencionadas “lograran una retención en la fuente del 10 por ciento, lo que las hace atractivas a los contribuyentes. También se evita el pago de impuestos de un 33 o 25 por ciento menos, dependiendo el año”, agregó la Fiscalía.

Debido a estas acusaciones, la empresa Efecty (Efectivo Ltda) se pronunció y aclaró que la compañía no tiene nada que ver con el escándalo, ya que las investigaciones involucran a personas específicas.

Los procesados

-La representante legal y presidente de las firmas Efectivo Ltda., Luz Mary Guerrero, deberá responder por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada por la cuantía, administración desleal, fraude procesal como determinadora, enriquecimiento ilícito de particulares lavado de activos y concierto para delinquir.

-La contadora Marta Inés Moreno comparece por falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

-La representante legal suplente de Servientrega S.A., Sara Guavita, responderá por los delitos de estafa agravada, falsedad ideológica en documento privado, administración desleal, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y concierto para delinquir.

-Jorge Humberto Sánchez Amado, quien se desempeña como revisor fiscal de Efectivo y Circulante S.A., deberá responder por administración desleal, estafa agravada por la cuantía, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad ideología en documento privado y concierto para delinquir.

-El gerente de Mossack Fonseca, Juan Esteban Arellano, responderá por falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.

 

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