El vicepresidente colombiano, Óscar Naranjo, descartó hoy cualquier «aproximación que se identifique» como un diálogo de paz con un reducto de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), que opera en la zona del Catatumbo.
«Descartada cualquier aproximación que se identifique, que se interprete que es un diálogo de paz. Aquí estamos totalmente convencidos de que el Gobierno abre caminos al sometimiento a la justicia ante el fiscal general de la nación (Néstor Humberto Martínez)», afirmó Naranjo a periodistas en la isla de San Andrés.
El EPL, que se dedica al narcotráfico, le envió hoy una carta al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en la que declaró su disposición «a discutir y encontrar las vías posibles para la terminación de la guerra y la conquista de una verdadera paz con justicia social».
«No conozco el texto, la carta, pero lo único que puedo decir desde la Vicepresidencia es que la decisión del Gobierno es perseguirlos, arreciar las operaciones e indicarles que el único camino que les queda es el sometimiento a la justicia», añadió Naranjo.
En ese sentido, señaló que el Gobierno está listo para preparar su «sometimiento a la justicia» porque no hay negociación política.
«No se reconocen como un actor político, militar ni como guerrilla. Para nosotros son una expresión delincuencial armada que debe someterse a la ley», apostilló.
El reducto del EPL, a quienes se les llama «Los Pelusos», aseguraron en la carta que el Gobierno, a través de algunos de sus funcionarios, envió mensajes en los que muestra su disposición a iniciar un diálogo de paz con ese grupo armado.
«En respuesta, de manera abierta y pública queremos expresarle que nuestra disposición de diálogo siempre ha sido verdadera, solo que los hechos y la experiencia alcanzada en largos años de lucha nos dice que las estrategias de guerra y la ausencia de garantías impuestas por el Gobierno son las que han impedido que estos se realicen», añadió esa banda criminal.
Asimismo, el EPL le propone al Gobierno unas «condiciones mínimas» para los diálogos como establecer un cese el fuego bilateral y desmilitarizar las zonas de conflicto armado, entre otras.
«Demandamos del Gobierno y el Estado colombiano (…) la despenalización de la protesta social; la abolición de las recompensas, el castigo a los agentes del Estado inmersos en falsos positivos, así como el cumplimiento de los compromisos firmados con las comunidades y sus organizaciones», agregó.
El grueso del EPL se desmovilizó en 1991, pero un reducto de ese grupo opera en el Catatumbo y están fuertemente vinculados con el narcotráfico, según el Gobierno, que los considera una banda criminal.
