Las Farc, convertida en partido político, aseguraron hoy que los listados de sus miembros entregados al Gobierno colombiano fueron elaborados en un proceso «serio» y «responsable» y que no permitirán que personas ajenas al movimiento se beneficien del proceso de paz.
«De manera contundente y sin vacilación advertimos que no habrá colados en nuestros listados, ninguna conducta ajena a las desarrolladas en el marco de la confrontación insurgente será avalada por nuestra organización», señala en un comunicado el Consejo Político Nacional del ahora partido político Farc.
Las FARC, denominadas como partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, añadieron que llevan a cabo los procedimientos necesarios para «revisar la situación de los casos que han presentado alguna observación».
«A diferencia de otros procesos no permitiremos que nuestros listados sean utilizados para alimentar la impunidad», aseguraron y recordaron que los «listados se entregaron al Gobierno Nacional bajo los principios de buena fe y de confidencialidad, con el objeto de realizar una verificación conjunta entre las Farc y el Gobierno».
Igualmente añadieron que, según los acuerdos de paz, la ruta a seguir para la resolución de controversias está acordada en la Comisión de Seguimiento, Implementación y Verificación (CSIVI) y que por lo tanto será en ese espacio de manera oficial que se tramitarán casos que puedan presentar alguna observación.
Horas antes, el vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, confirmó que 25 narcotraficantes trataron de colarse en los listados de integrantes de las Farc, para obtener los beneficios jurídicos por acogerse al proceso de paz.
«Fue un intento», dijo Naranjo quien señaló que el Gobierno logró impedir que narcotraficantes entraran en las listas y fueran acreditados como guerrilleros y por consiguiente potenciales pudieran beneficiarse a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que forma parte del acuerdo de paz e incluye tratamientos especiales para excombatientes, soldados y policías.
La JEP será la encargada de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado bajo las normas del Código Penal Colombiano, del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Penal Internacional (DPI).
