“Hay personas inescrupulosas que se están aprovechando del desconocimiento de las víctimas, de la política de víctimas, los engañan y les cobran una plata por un servicio que es totalmente gratuito”, reveló el director de la Unidad de Víctimas, Alan Jara, a Publimetro.
Aunque esta es una actividad fraudulenta muy común en varias entidades del país, preocupa que un porcentaje del dinero destinado a las víctimas del conflicto para su reparación se esté quedando en manos de terceros.
Se trata, específicamente de abogados o exfuncionarios de la unidad, que prometen acelerar el proceso de indemnización a cambio de quedarse con cierta cantidad de lo que el Gobierno entrega.
Es por esto que la entidad hace un llamado a las víctimas para que no se dejen engañar. “Todos los servicios en la Unidad de Víctimas son gratis, no tienen ningún costo y no necesitan de la ayuda de un abogado ni de intermediario alguno. Lo pueden hacer directamente con nosotros”, dijo Jara.
El director explicó que las víctimas tienen varios canales por medio de los cuales pueden hacer sus solicitudes, como puntos de atención en todo el país, centros regionales, un canal telefónico, las oficinas de la unidad y la página web. “Ahí pueden encontrar toda la información que necesiten sin que tengan que poner derechos de petición, tutelas, porque normalmente cuando se pone una tutela también se recurre a alguien que la haga y también cobra un porcentaje. Y al Estado le sale muchísimo más costoso atender por esa vía. Entonces, una parte de los recursos se gastan en el poder judicial, se gastan otra parte en abogados, y la víctima no recibe la totalidad de los dineros”, aclaró el funcionario.
Además, hay algunas organizaciones de víctimas que ofrecen asesorías sin ningún costo. “Así que una víctima simplemente tiene que dirigirse a una oficina, un punto de atención o acudir a entidades como la Defensoría o personerías, que también son puntos de apoyo”.
Los delitos en los que se puede incurrir
Pedir la ayuda de un tercero nunca será un delito. En cambio, sí tiene una consecuencia legal mentir en al información que se entrega a la entidad o utilizar documentos falsos para adquirir una indemnización del Estado.
“Hay que decir siempre la verdad. Cuando se miente, muchas veces inducidos por estos tramitadores, se incurre en una falsedad y eso es un delito y se están usurpando recursos que son para las víctimas”, manifestó Jara, quien le contó a este medio que junto a la Fiscalía y la Policía se han adelantado investigaciones que ya han dado resultados.
“Esta campaña ha llevado a que haya más de 5 mil quejas que han puesto en la Unidad de Víctimas y, de ese número, hemos puesto 1935 denuncias ante la Fiscalía. Eso ha traído como resultado 21 capturas, entre los que hay tramitadores, falsas víctimas. Incluso, algunos servidores públicos que son parte del sistema nacional de atención a víctimas”, reconoció.
El fraude lo están cometiendo en todo el país, especialmente en Antioquia, Cundinamarca, Huila y Valle del Cauca y las primeras denuncias se hicieron en 2012, desde la creación de la Unidad de Víctimas.
