El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, se declaró impedido para investigar a dos exministras que fueron denunciadas por estar presuntamente involucradas en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
Las exministras de Transporte Cecilia Álvarez Correa (2012-2014) y de Educación Gina Parody (2014-2016), quienes son pareja, fueron denunciadas el pasado 26 de enero por «presunta corrupción» por el partido Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe.
La denuncia se presentó luego de que el expresidente Uribe (2002-2010) aseguró que la familia de Parody tiene intereses en el Tramo II de la Ruta del Sol toda vez que construye un puerto en esa zona.
La Fiscalía aseguró en un comunicado que, en ejercicio de su actividad profesional, Martínez emitió un concepto en septiembre del año 2012.
El comunicado indicó que «es importante destacar que esta actuación es la primera que sobre el denominado caso Odebrecht llega al Despacho del Fiscal General de la Nación».
Según el Departamento de Justicia, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil, donde es investigada desde hace más de dos años en el marco de los desvíos en la petrolera estatal Petrobras.
Por el escándalo de los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia está detenido el exsenador Otto Bula, quien admitió haber recibido 4,6 millones de dólares por intermediar en la consecución de contratos para esa firma en el país.
También está tras las rejas el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien reconoció haber recibido 6,5 millones de dólares en sobornos.
El tercer detenido es el contratista Andrés Cardona, por su presunta participación en la celebración irregular y ejecución de un contrato entre la compañía brasileña y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la capital colombiana para obras en el río Bogotá.
