“Nos están matando” y ya nos estamos acostumbrando a esa frase. Lo comprobamos una vez más con el asesinato de Claudia Giovanna Rodríguez, cuatro meses después de la violación y muerte de Yuliana Samboní y una semana después del intento de feminicidio de Paola Noreña en Bogotá.
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Eso sin contar los miles de casos en otras ciudades que, lamentablemente, pueden terminar como el del lunes pasado en el centro comercial Santa Fe. Los feminicidios en Colombia se dan la mano y en parte porque las mujeres no encuentran la protección cuando la necesitan: la tramitología las está ‘matando’.
El mismo Gobierno lo sabe. De hecho, la consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Martha Ordóñez, quien se pronunció por los casos que se han presentado en los últimos meses, reiteró que es necesario fortalecer todas las acciones de articulación institucional frente a la activación de las rutas de protección, atención y denuncia en los casos de violencias contras las mujeres.
Señaló que es muy importante el trabajo conjunto y coordinado por las diferentes autoridades con responsabilidad en ese proceso, incluyendo el sector salud, Policía, Fiscalía, justicia, Ministerio Público, entre otras, para que la ruta se active aplicando el principio de debida diligencia y se brinden las condiciones de seguridad necesarias para proteger a las mujeres víctimas.
En el papel todo se lee bien
Imagínese una mujer con dos hijos, que por años ha soportado abuso físico y sexual de su pareja, la misma que la tiene amenazada y en los últimos días fue sometida a una fuerte golpiza que casi le quita la vida. Con miedo, en muchos casos no por ella sino por sus hijos y familiares, se atreve a denunciar y no puede porque la URI terminó su horario de atención a las 5:30 p.m. Absurdo, pero real, tal y como le pasó a Paola Noreña luego de ser acuchillada a la salida de su universidad.
Además este caso, y otros miles, son tratados como lesiones personales, no como intento de feminicidio. A Claudia no la escucharon y fue asesinada. Ahora bien, una mujer que es víctima de maltrato debe ir a las Comisarías de Familia a denunciar a su agresor, pero si fue abusada sexualmente debe ir a Medicina Legal para un diagnóstico y empieza entonces el viacrucis de llenar papeles y ser revictimizada.
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Ojo a esto: en la Comisaría de Familia se hace la denuncia por violencia intrafamiliar y el ente debe adoptar, en un plazo no mayor a cuatro horas, las medidas de protección provisionales de acuerdo a la situación. A la hora de contar los hechos se debe decir claramente que se reciben amenazas de muerte y es entonces cuando le deben ofrecer alternativas. En el caso de Bogotá, Medellín e incluso Barranquilla es trasladarse a una casa refugio, pero muchas mujeres no optan por esta alternativa porque, tal y como lo comentó la concejal Lucia Bastidas, para ellas es un “desarraigo social”.
Así que llenar papeles cada vez se hace más largo y tortuoso si termina involucrada la Fiscalía, la misma Policía, que debe garantizar la medida de protección en cualquier caso, y otros entes. La concejal mencionó que “está fallando todo el sistema de atención a las mujeres víctimas de violencia y amenaza de parte de sus parejas. El crimen de Claudia Rodríguez a la vista de todo el mundo en un centro comercial de Bogotá lo demuestra. De nada le valió haber denunciado que recibió amenazas de muerte de su expareja. Y como siempre las entidades responsables de la protección salen a decir que fallaron los mecanismos de coordinación y comunicación. Ese argumento se está convirtiendo en una forma más de victimización de las mujeres. Está demostrado que esas disculpas no sirven cuando las han asesinado y sus hijos han quedado en la orfandad”.
La secretaria de la Mujer de Bogotá, Cristina Vélez, comentó la semana pasada que el caso de Claudia “nos pone a todas las autoridades a pensar en cómo podemos mejorar las rutas de atención para que esto no vuelva a suceder. Y también nos pone a reflexionar como sociedad en cómo podemos mejorar de fondo el machismo, la idea de posesión y la forma violenta de dirimir conflictos para erradicar definitivamente este flagelo”.
Según Medicina Legal tan solo este año, entre el 1 de enero y el 5 de abril, han sido asesinadas 204 mujeres de las cuales 24 han sido víctimas de sus compañeros sentimentales o exparejas. Para preocuparse aún más por estas cifras, tan solo en Bogotá hay 36 Comisarías de Familia, pero hay municipios del país que a duras penas cuentan con una o dos.
Distintas voces han asegurado que la ruta de atención para una mujer víctima de violencia debe unificarse y lo que menos debe hacer es ‘pimponear’ de un lado a otro a quien denuncie. En el caso de Claudia hubo una falla clara de las entidades que, según la juez que dejó en libertad a Julio Reyes, no compartieron la información judicial y la medida de protección que ella tenía por las múltiples amenazas de su asesino.
La Fundación Maísa Covaleda – Movimiento Romper el Silencio, la misma que fue víctima de violencia física y fue revictimizada a la hora de poner su denuncia, se pronunció y dijo que “insistimos en que estos hechos sean tratados como temas de salud pública, de visibilización diaria responsable y certera, de acciones contundentes, inmediatas y estructurales, pues las mujeres siguen siendo violentadas de forma impune, no solo por la Ley y el Estado sino también por la sociedad que pone en tela de juicio la palabra y la vida de las mismas”.
Agregaron que “a partir de la falta de garantías que genera el Estado a las personas que están siendo amenazadas, violentadas y revictimizadas, exigimos protección a nuestras mujeres para que este tipo de casos no se sigan repitiendo, replicando y normalizando en nuestra sociedad”.
Un cambio es necesario
Ni una Claudia más, eso es lo que pide la sociedad y expertos en el tema que aseguran se debe replantear la reacción de las entidades a la hora de activar la ruta de protección para las víctimas. “La constante violencia que es ejercida hacia las mujeres, la imposición de conductas, la cosificación, como también la vulnerabilidad en que estas se encuentran, son temas que cada vez deben abarcar más espacios en la agenda diaria de un país que insiste, a mansalva, por salir de un conflicto armado que ha generado pérdidas enormes en la confianza de sus habitantes. Por esta serie de razones exigimos: no más violencia institucional, protección a las mujeres, acciones proporcionales a los actos violentos que reciben las mujeres, medidas de protección reales y efectivas a las víctimas. No más amparo a los victimarios, y prioridad en la agenda pública y política nacional respecto a este fenómeno violento”.
Y la responsabilidad de los medios es tan importante como el accionar de las Comisarías de Familia que reciben miles de casos anualmente, pues en la agenda no solo se debe hablar del tema cuando hay un muerto, sino que sea una constante para no olvidar y nunca más repetirlo.
Lo que se debería cumplir
Cuando una mujer llega pidiendo ayuda en la Comisaría de Familia, y tras poner la denuncia, la entidad debe ofrecerle una casa refugio. Además, 10 días después a la denuncia de los hechos se cita al agresor. Según el caso la Comisaría de Familia puede adoptar otras medidas tales como: desalojo del agresor en caso de que la víctima no quiera ir a una casa refugio, apoyo policivo solicitado al Comandante de la Estación de Policía respectiva para brindar una vigilancia constante a la persona agredida.
Si la persona vive en un conjunto residencial, la Comisaría de Familia debe envíar una carta a la administración del inmueble para evitar el ingreso del agresor. En casos específicos la Comisaría de Familia asume la protección de los niños de requerirse.
La Policía debe estar atenta también cuando se presta medida de protección y si bien no alcanzan los uniformados para proteger a cada mujer que es víctima, sí deben garantizar su seguridad y comunicarse con las entidades competentes para que casos como el de Claudia Rodríguez, que puso en evidencia las fallas del sistema, no se vuelvan a repetir.
“El caso de Claudia nos pone a reflexionar cómo podemos mejorar de fondo el machismo y la idea de posesión para erradicar definitivamente este flagelo”: Cristina Vélez, secretaría de la Mujer de Bogotá.
Infografía Javier Ramírez
