El juez John O’Sullivan aceptó a medias una petición presentada por los abogados del exministro de Arias, condenado en Colombia a más de 17 años de prisión por el llamado «caso Agro Ingreso Seguro», un programa de ayudas para campesinos pobres que acabaron en manos de ricos terratenientes.
Según documentos judiciales a los que Efe tuvo hoy acceso, Arias podrá permanecer en libertad, pero deberá garantizar el monto de la fianza con un ciudadano estadounidense que además pueda respaldar el millón de dólares con una propiedad de bienes raíces en el país.
La Fiscalía había solicitado el pasado 27 de febrero la detención de Arias debido al «alto riesgo» de que escape o, en su defecto, que se endurecieran las condiciones de su libertad bajo fianza.
Arias estuvo detenido desde el 24 de agosto pasado hasta el 17 de noviembre, cuando O’Sullivan le concedió la libertad bajo fianza.
A principios de marzo, sus abogados recurrieron a una corte de Apelaciones en Atlanta para detener el proceso para su extradición a Colombia a través de un «mandato de prohibición» contra el juez O’Sullivan.
El recurso fue la respuesta de la defensa de Arias, a cargo de David Oscar Markus, Ricardo J. Bascuas y Marc David, a la negativa de O’Sullivan a acoger una petición para que suspenda todas sus actuaciones en el caso.
Los abogados de Arias argumentan que el proceso no puede continuar ni Arias ser entregado a Colombia porque no existe un tratado de extradición vigente entre ambas naciones, puesto que no fue ratificado nunca cabalmente por Colombia.
Sin embargo, el juez O’Sullivan y la Fiscalía de EE.UU., que representa al Gobierno de Colombia, han rechazado ese argumento y alegado que basta con la voluntad de los dos gobiernos en acordar extradiciones para que el tratado sea efectivo.
A mediados de febrero el juez federal negó a Arias un primer «mandato de prohibición» para suspender el proceso.
A juicio de la Fiscalía, ese mandato se trata de un recurso «drástico». Son requerimientos «emitidos si el peticionario muestra ‘circunstancias excepcionales que equivalen a una usurpación judicial del poder'», precisó la acusación.
