Los carteles en Colombia han sido un mal que nos afecta desde hace décadas. Inicialmente surgieron los carteles de drogas ilícitas, que estaban encabezados por narcotraficantes y bandas criminales; pero con el tiempo nacieron otros que no solo pusieron en entre dicho la reputación de los colombianos, sino que también nos afectó económicamente.
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El cartel de la contratación, del azúcar, del cemento, de los medicamentos, del papel higiénico, de los cuadernos, entre otros, han desfalcado al país para beneficio de unos pocos.
Ellos funcionaban como mafias que, en la mayoría de los casos, acordaban precios muy por encima de lo estipulado por la ley o hacían negociaciones por debajo de la mesa; todo con el fin de obtener elevadas ganancias.
En estos escándalos se han visto involucrados altos funcionarios del gobierno, políticos, empresarios y grandes empresas que han recibido sanciones económicas, inhabilidades y hasta condenas.
En todos estos casos hay un punto en común: el principal afectado es el bolsillo de los colombianos que tienen que soportar los altos pagos por productos que son de necesidad básica y los impuestos que cada vez aumentan más.
Frase:
“La importancia de perseguir carteles empresariales es evidente ya que estudios sobre el impacto de los carteles afirman que los precios de productos sometidos a esta conducta ilegal aumentan en promedio el 20 o 30% de su valor real”, afirmó Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo.
La lista de los carteles en Colombia puede ser interminable, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de ellos surgieron hace más de 10 años y con el tiempo reaparecieron.
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Esta vez nombraremos solo 10 que salieron a la luz pública en la última década:
El cartel de la contratación (2010)
Es el más grande, el más antiguo y el que más recuerdan los colombianos, sobre todo los bogotanos, quienes aún padecen los estragos del llamado ‘carrusel de la contratación’ que se gestó durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas.
En aquella época el exalcalde, excongresistas, exfuncionarios del IDU y los hermanos Nule se repartieron millonarios contratos de obras públicas en la ciudad, como la tercera fase de Transmilenio, la remodelación de la calle 26, la vía Bogotá-Girardot, y desviaron los anticipos de dichas construcciones a sus cuentas.
Después de años de investigaciones el Estado concluyó que el detrimento patrimonial que causó este cartel fue cercano a los 2,2 billones de pesos.
El cartel azucarero (2013)
En este año la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) descubrió que varios ingenios azucareros se asociaron con otros países para evitar que llegara azúcar importada a Colombia. De esta manera, la oferta sería mínima y el precio a los consumidores se podía mantener alto.
Finalmente la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) fue multada junto con 14 empresas, entre las que figuraron Riopaila Castilla, Ingenio del Cauca y Manuelita, y que se vieron obligadas a pagar 324.441 millones de pesos.
El cartel de cemento (2013)
La SIC, quien vela por la libre competencia para que los colombianos no terminen pagando más por un producto o servicio, inició hace un par de años una investigación contra varias compañías como Cementos Argos, Holcim, Cémex Colombia, Cementos San Marcos y Cementos Tequendama al detectar que entre ellas, al parecer, había acuerdos de precios para mantenerlos altos.
Aunque la SIC acusó a 14 funcionarios y castigó a dichas empresas con una multa de 3.183 millones de pesos en total, tiempo después la multa contra Argos se cayó.
El cartel del papel (2014)
En este caso la Superintendencia formuló pliego de cargos en contra de Familia, Kimberly, Papeles Nacionales, Cartones Y Papeles De Risaralda, y Drypers por la presunta cartelización empresarial que desarrollaron desde 1998 hasta 2013, cuando varias empresas decidieron delatar el cartel.
La multa, para este proceso, ascendía los 60 mil millones de pesos.
El cartel de la hemofilia (2016)
Si hasta este punto usted cree que los carteles en Colombia tocaron fondo, el cartel de la hemofilia lo hará pensar que las mafias son capaces de lograr lo que se propongan sin importar el daño que causan.
Quienes conformaron esta organización usaban pacientes con hemofilia para robarse los recursos destinados a la salud. El caso ocurrió en Córdoba, donde los supuestos pacientes reclamaban medicamentos no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud.
El cartel de los medicamentos (2016)
Y luego llegó el cartel de los fármacos. Se trataba de 38 pacientes que presentaron 269 autorizaciones fraudulentas para reclamar medicamentos de alto costo que luego eran vendidos a un precio mucho mayor.
Nueva EPS fue la entidad que resultó afectada con el desfalco al entregar 6.123 dosis de medicamentos que sumaban más de 1.261 millones de pesos.
El cartel del papel higiénico (2016)
Para el 2016 el precio de productos como el papel higiénico, servilletas, toallas de cocina y pañuelos para manos y cara entraron en la mira de la SIC. Poco tiempo después la entidad descubrió un cartel conformado por las empresas Kimberly, Familia, Papeles Nacionales y C. Y P. Del R., quienes por más de una década fijaron artificialmente los precios de estos papeles.
El cartel de los cuadernos (2016)
58 mil millones de pesos tuvieron que pagar Kimberly, Carvajal y Scribe por la presunta cartelización en la fijación de los precios de los cuadernos. Estas empresas habrían creado un acuerdo para evitar la competencia y así poder inflar los precios de estos útiles escolares.
El cartel de la chatarrización (2017)
Esta semana la Policía capturó a 20 personas en todo el país por este cartel, empezando por Pedro Aguilar, quien sería la cabeza del cartel de la chatarrización.
Según el ente acusador, fueron cerca de 12 mil vehículos de carga chatarrizados de manera fraudulenta en el país, “operaciones que podrían representar ganancias aproximadas a los seiscientos mil millones de pesos ($600.000.000.000), es decir, cincuenta millones de pesos ($50.000.000) por cada camión”.
El cartel del ganado (2017)
La Superindustria descubrió irregularidades en las subastas ganaderas y anunció una millonaria multa de 2.692 millones de pesos.
Son 17 empresas que hacen parte del sector de las subastas ganaderas y que fueron sancionadas por “violación a la libre competencia”.
Según la SIC, “las mencionadas sociedades formaron un cartel empresarial para fijar, coordinada y artificialmente, una comisión que se les cobraba a quienes compraban ganado en subastas públicas”.
