El alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, afirmó que en lo corrido de 2017 el Gobierno colombiano ha puesto en marcha la intervención del 40 % del territorio minado del país, que tiene como objetivo quedar libre de estos artefactos en el 2021.
Según declaró Pardo al término de la segunda reunión del Gabinete del posconflicto, órgano liderado por el presidente Juan Manuel Santos, la mitad de ese trabajo lo está realizando la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército y la Agrupación de la Infantería de Marina, mientras que el otro 50 % está a cargo de organizaciones como The Halo Trust.
«Para el posconflicto es fundamental que no haya tierra vedada. Las minas siguen matando y hay que sacarlas», recalcó el funcionario.
Pardo señalo además que a lo largo de este año se han iniciado intervenciones en 22 millones de metros cuadrados.
Colombia es, después de Afganistán, el país más afectado por las minas, que desde 1990 hasta el pasado 30 de septiembre causaron 11.460 víctimas directas, entre militares, policías y civiles, según datos oficiales.
En 2006, Colombia empezó a aplicar la Convención de Ottawa, referida a la prohibición del empleo, almacenamiento y producción de minas antipersonales, y después de destruir sus reservas de estos artefactos empezó a despejar las zonas minadas.
El desminado en Colombia forma parte del acuerdo de paz que firmó el Gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las Farc el pasado 24 de noviembre en Bogotá.
Sin embargo, la mayor parte de las minas que hay en el país son artefactos explosivos improvisados, lo que dificulta notablemente la labor de retirarlas por su dificultad para ser detectadas.
Hasta el comienzo de febrero se contaban ocho municipios declarados libres de sospecha de contaminación por minas.
