La Contraloría General de la República denunció los abusos de cientos de guardianes del Inpec, que aprovechan las normas y fueros permitidos para defraudar mediante vacaciones excesivas y permisos remunerados al Estado.
Según el reporte de la Contraloría al Inpec, hay casos de guardianes que llevan incapacitados hasta 9 años, así como de personas que pertenecían a las mesas directivas de varias organizaciones sindicales y recibían días de permiso por pertenecer a cada una de estas entidades.
Así, por ejemplo, el informe de la Contraloría presenta a un grupo de guardianes de las cárceles Picota, Modelo y Buen Pastor de Bogotá, que recibió períodos de permiso de 151 días para poder «fiscalizar» la labor de los vigilantes en los centros de reclusión y resultaron recibiendo casi 5 millones de pesos en salarios.
Según el ente de control, los guardias pidieron cerca de 39.500 días de permiso para realizar labores sindicales, lo que equivale a unos 110 años acumulados, que recibieron los 854 representantes sindicales de 76 organizaciones presentes en la entidad. Allí, con 25 empleados se puede crear un sindicato, lo cual va en desmedro de la labor de vigilancia del Inpec a los presos de Colombia.
Por ejemplo, en cárceles como Popayán existen garitas y puestos de vigilancia que se deben dejar solos debido a la presencia de 120 detenidos que deben asistir a sesiones médicas, las cuales deben contar con dos guardianes para ser realizadas de forma efectiva. En esta cárcel se presenta un dragoneante que está incapacitado desde agosto de 2007 y devenga 2,1 millones de pesos al mes, sin ir a trabajar.
La situación es crítica debido a la falta de guardianes del Inpec en las cárceles del país. Aunque hay 12.706 guardias trabajando en el país, se necesitan unos 13.000 más para poder asegurar la vigilancia adecuada de los miles de presos en Colombia.
La mayor dificultad detectada por la Contraloría es que, a pesar de tener conocimiento de estas inconsistencias, el Inpec no hizo nada. «No se evidencia que se haya realizado gestión alguna, ni haya compulsado copias a las autoridades competentes, ni haya iniciado las acciones para obtener la calificación por el juez de trabajo», dice el informe.
