La Fiscalía de EE.UU. insistió que el tratado de extradición con Colombia está «vigente» y pidió una nueva audiencia en la solicitud de extradición de Andrés Felipe Arias luego del caso de Agro Ingreso Seguro.
Documentos judiciales, a los que Efe tuvo acceso, señalan que «tanto Colombia como Estados Unidos acordaron que el Tratado está en vigor» para responder a una moción de Arias, en la que alega que no lo está. El exministro, que enfrenta un juicio de extradición en Estados Unidos, fue arrestado en agosto pasado en Miami y dejado en libertad bajo fianza el pasado 17 de noviembre.
«La posición oficial de Colombia de que el Tratado está en vigor ha sido emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la contraparte de Colombia al Departamento de Estado de Estados Unidos», señala la Fiscalía en respuesta a la moción y a la petición del juez a cargo, John O’Sullivan.
Este domingo, la Cancillería colombiana indicó que «el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y Estados Unidos de América, suscrito en 1979, está en vigor en cuanto ninguno de los dos Estados ha manifestado su intención de darlo por terminado».
La Fiscalía de EE.UU. señala que si el argumento para evitar la extradición de Andrés Felipe Arias fuera correcto, «significaría que todos los tribunales anteriores que hayan certificado la extraditabilidad de un fugitivo colombiano de conformidad con el tratado actuó más allá de sus poderes sin mérito».
Además, según la Fiscalía de EE.UU., «el reclamo de Arias que cuestiona la validez del Tratado presenta una cuestión política que no está sujeta a revisión judicial. Incluso, si esta corte considerara justiciable la impugnación (…), Arias no ha citado ninguna decisión -y Estados Unidos no la conoce- en la que un tribunal haya declarado que el tratado no esté en vigor cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos dice lo contrario», precisó la Fiscalía de EE.UU.
El exministro fue condenado por delitos relacionados con el desvío de subsidios para campesinos pobres que terminaron en manos de grandes terratenientes cuando él era el titular de Agricultura, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Sus abogados argumentaron en la moción que el acuerdo suscrito en 1979 entre ambos países «no cumplió con la ratificación» en Estados Unidos por parte del Senado, y en Colombia mediante otros procedimientos.
