El período legislativo se termina el próximo 23 de diciembre con una de las leyes más polémicas en su trámite legislativo de los últimos años: la ponencia de la reforma tributaria, que se presentará este lunes en medio de las críticas de todos los sectores económicos.
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La situación del proyecto es crítica. El Congreso habilitó sesiones extras únicamente para debatir la reforma, las cuales se acaban el próximo viernes, un tiempo demasiado estrecho para resolver más de 500 proposiciones, solicitudes de aclaración y petición en contra de la ponencia de reforma.
Las críticas se hicieron patentes en el propio recinto del Senado este miércoles. El senador de Cambio Radical Juan Carlos Restrepo increpó al ministro Mauricio Cárdenas por no presentar la ponencia antes de la última semana, y otros congresistas también expresaron su rechazo por la petición, que involucra una reducción de sus vacaciones y las de sus asesores cuando se viene una andanada de proyectos por medio del «fast track».
Antonio Navarro propuso revivir el impuesto a las bebidas azucaradas que había sido eliminado por el lobby. Otros senadores incluyeron entre las proposiciones reducir o eliminar el incremento del IVA al 19%, quitar el impuesto de consumo a las motocicletas de menos de 250 centímetros cúbicos, cambiar la renta presuntiva y añadir exenciones que disminuyan el impacto de la reforma.
La intención de todas estas proposiciones es evitar que la ponencia de la reforma tributaria impulsada por el Ministerio de Hacienda se convierta a través del «pupitrazo» en una ley de la República. Otras, como la ponencia alternativa que presentó el Centro Democrático, son más intentos para detener o, por lo menos, aplazar hasta 2018 la reforma, dado que la propuesta uribista no realiza modificaciones de fondo.
Tal vez una de las propuestas es la de grupos feministas, que el pasado jueves realizaron un plantón frente al Ministerio de Hacienda. Su petición es que los artículos de aseo personal femenino como tampones y toallas higiénicas sean exentos de IVA pues no se trata de artículos de consumo de lujo sino básicos para la salud y aseo de las mujeres.
Las empresas y grupos en contra de la reforma
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La oposición más crítica es de grupos de empresarios. La Andi expresó que se encontraba conforme con la gran mayoría de las propuestas expresadas en la ponencia de la reforma tributaria, pero otros grupos menores expresaron su intensa oposición a puntos que les afecta sus negocios.
Así, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Restaurantes (Acodrés) que un detalle aparentemente menor, como lo es la eliminación de la exención en insumos para productores de comida, tendría un efecto fatal para las franquicias. Según Acodrés, unos 10.000 empleos en franquicias de marcas como McDonald’s, Starbucks, Subway y Dominos Pizza se perderían.
Otro sector que tendría una gran afectación es el de la tecnología y emprendimientos digitales. Según Redeban Multicolor, el aumento en los impuestos a los datos móviles cancela un gran número de los avances en acceso a internet de la población, especialmente la de menores recursos.
“El país debería seguir ejemplos como el de Uruguay, en donde existe un fuerte incentivo al uso de medios de pago electrónico por medio de la devolución de tres puntos del IVA de las compras realizadas por esta vía. Así han logrado que un 25% de los pagos se realice por medios electrónicos, incentivando de manera importante la economía de ese país”, dijo el presidente ejecutivo de Redeban Andrés Duque.
Este impuesto también tiene una crítica fuerte por parte del precandidato conservador Ubeimar Delgado (ver recuadro).
¿Mico en el impuesto a los celulares?
El impuesto al consumo cobrado a los teléfonos celulares es entregado a las autoridades locales para financiar planes de cultura, recreación y deporte en los departamentos y municipios. Pero según Ubeimar Delgado, la ponencia de la reforma tributaria devuelve los recursos al Gobierno nacional.
«Con el aumento del 19 % del IVA a la telefonía móvil y el 4 % al plan de datos, se pretendía recolectar una millonaria suma que sería destinada para los departamentos y municipios de Colombia. Sin embargo, en un giro sorpresivo, los dineros recaudados se irán al bolsillo del nivel central», dijo Delgado al diario Vanguardia Liberal.
El exgobernador del Valle y precandidato del Partido Conservador a la Presidencia pidió al presidente Juan Manuel Santos que los recursos del impuesto a celulares sean enviados a las autoridades locales, y «que no siga engrosando el bolsillo del nivel central».
