En aquella época el Ministerio Público estaba a cargo de Edgardo Maya, quien consideró que Londoño había incurrido en tráfico de influencias. Ahora, una ponencia del magistrado William Hernández pide que se revoque la decisión y que se le devuelvan los derechos políticos.
Dicha ponencia será discutida por el Consejo de Estado y, de ser aceptada, el ministro podría volver a ejercer cargos públicos en septiembre, fecha en la que se vence la otra inhabilidad, por 12 años, que hay en su contra.
En la ponencia, la corporación judicial tendrá que establecer si la Procuraduría vulneró o no el debido proceso que se adelantó en contra del exministro del Interior y de Justicia por conflicto de intereses, así como lo señala la demanda que Londoño interpuso contra el fallo.
Fallo de la Procuraduría
Según la Procuraduría, Londoño era merecedor de esa sanción por realizar gestiones a favor del consorcio italiano Recchi, del que él era apoderado judicial.
Los hechos ocurrieron en 1997, cuando el exministro aparecía como apoderado judicial del consorcio italiano Recchi, empresa que en 1994 adquirió un contrato con el Estado para la construcción de un tramo de la vía Bogota-Villavicencio.
Luego, hubo un problema con el contrato y Londoño “sugirió la conformación de un Tribunal de Arbitramento”, según la Procuraduría. Sin embargo, Londoño no hacía parte del tribunal.
Por este hecho, en el 2001 un fallo condenó a la Nación por irregularidades en la construcción de la vía y el Estado tuvo que pagar más de 13.958 millones de pesos. Esa decisión fue confirmada por el Consejo de Estado.
Para la Procuraduría, llamaba la atención que Londoño había sido abogado de esa firma y, según su investigación, desde su cargo intervino para favorecer a la empresa Recchi.
La ponencia que se discutirá ahora en el Consejo de Estado señala que la entidad no pudo comprobar la intención de Londoño de favorecer a la firma desde su cargo como ministro de Interior, ya que él para esa fecha no figuraba como abogado de la firma.
