La guerrilla denunció desde La Habana que, durante el actual gobierno de Santos, 346 integrantes de organizaciones sociales y populares han sido asesinados, entre ellos 112 del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, a lo que se suman «miles de amenazados».
«Es claro que los mismos intereses económicos y políticos que engendraron el monstruo paramilitar, continúan actuando hoy libre e impunemente. Sus arietes políticos y de la gran prensa pretenden crear un clima de intolerancia, odio e incitación que sirva de próximo escenario al esperado exterminio político», señalan las Farc.
Tras incumplir el plazo del 23 de marzo para firmar la paz, el Gobierno de Colombia y las Farc retomaron este miércoles en La Habana su negociación sin anunciar nuevas fechas y con el reto de acercar posturas en el delicado asunto de la dejación de armas, entre llamadas de la guerrilla para desmantelar el paramilitarismo.
«No puede postergarse más en la mesa de La Habana el acuerdo sobre paramilitarismo y garantías de seguridad. Con grupos paramilitares, con crímenes y atentados, con amenazas y terror no puede materializarse la paz», afirmó el jefe guerrillero ‘Pablo Catatumbo’.
Un acuerdo en esta materia, que se negocia desde hace meses en una comisión encabezada por el general (r) Óscar Naranjo, en representación del Gobierno, y por el propio Catatumbo, del lado de la insurgencia, está próximo a su conclusión, según confirmaron fuentes de la guerrilla.
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De hecho, cuando ya todo el mundo daba por descartada la firma de la paz para el 23 de marzo, las partes sí tenían previsto poder anunciar ese día un acuerdo sobre el cese el fuego bilateral y definitivo y otro sobre seguridad y paramilitarismo; algo que finalmente tampoco sucedió.
Semanas antes de llegar a esa fecha límite una nueva crisis se instaló en la mesa de La Habana debido a las discrepancias entre el Gobierno y las Farc sobre la fórmula y los tiempos de la dejación de armas, y sobre el número y condiciones de seguridad de zonas de ubicación en las que se concentrarán los guerrilleros para su desarme.
En esas circunstancias, las partes llegaron al 23 de marzo sin ningún anuncio, situación que trataron de desbloquear el pasado lunes con una reunión en Bogotá de los negociadores del Gobierno con los abogados de las Farc para analizar los aspectos jurídicos que impidieron llegar a acuerdos en esa fecha.
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Estuvo en ese encuentro el ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien abordó los fundamentos jurídicos del fin del conflicto con los abogados de las Farc, el español Enrique Santiago y el colombiano Diego Martínez.
Este miércoles, en el reinicio de las conversaciones en La Habana, la insurgencia urgió al Gobierno de Juan Manuel Santos a lograr un acuerdo sobre seguridad y paramilitarismo, ya que consideran que es un problema que amenaza la paz en Colombia.
Insistencia
Las Farc insistieron en que el paramilitarismo «no es ningún fantasma invocado por la insurgencia», ni una «una elucubración dilatoria para postergar la paz», sino una «realidad fehaciente» que busca «atravesarse» en el logro de un acuerdo final e «intimidar a los amigos de la solución política».
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«Nadie en Colombia se traga el cuento de una casual coincidencia entre el paro paramilitar y el llamado de la ultraderecha a una marcha nacional contra el proceso de paz», indicó ‘Catatumbo’ sobre las protestas convocadas el pasado fin de semana por la oposición que encabeza el expresidente Álvaro Uribe.
Catatumbo indicó que ese «paro forzado» puso en evidencia el «repugnante vínculo» del paramilitarismo con «sectores políticos, económicos, militares y de gobierno, en medio del negacionismo de la administración nacional».
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EFE/PUB/GS
