El exjefe de Estado brasileño Luiz Inácio Lula da Silva logró hoy, por el momento, esquivar la mano del estricto juez Sergio Moro, al aceptar la cartera de Presidencia en el gabinete de Dilma Rousseff, un nombramiento que lo convierte en aforado y lo blinda ante la Justicia.
Dos de los procesos abiertos contra Lula están en manos de Moro, juez del Tribunal Federal de Curitiba que ha absorbido el grueso de las investigaciones del caso de corrupción en Petrobras y que ya ha aplicado 84 condenas, entre ellas contra importantes empresarios, ejecutivos de la petrolera y políticos sin fuero privilegiado.
Además Lula es investigado por la Policía en otras dos causas, por supuesto tráfico de influencias y por su posible participación en un presunto fraude fiscal cometido por fabricantes de automóviles.
A pesar de la multiplicación de las causas abiertas, los abogados de Lula han puesto especial énfasis en evitar que los procesos caigan en manos de Moro, el magistrado que ordenó el interrogatorio al que fue sometido el ex jefe de Estado el pasado 4 de marzo.
Ahora este juez deberá remitir las causas relativas a Lula al Tribunal Supremo, en cuya jurisdicción se investiga a 94 políticos aforados por el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, pero donde las diligencias discurren más despacio.
Sin embargo, Moro sí retendrá las causas contra la esposa de Lula, Marisa Letícia Lula da Silva, y su hijo mayor, Fabio Luiz, que también son investigados por la justicia.
Con su decisión, Lula pareció haber incorporado, por lo menos en las formas y de manera preventiva, una frase atribuida a él por medios locales y que habría pronunciado en 1988: «En Brasil es así. Los pobres cuando roban van a la cárcel, los ricos se vuelven ministros».
Lula ha sido investigado de forma paralela por las fiscalías de Sao Paulo y la Federal de Curitiba por hechos relacionados, motivo por el cual la jueza de Sao Paulo a la que se le adjudicó uno de los casos declinó su competencia y lo remitió a Moro el pasado lunes, aunque este magistrado aún no ha anunciado si acepta el proceso.
El caso más avanzado era precisamente el de Sao Paulo, en el que la fiscalía presentó una denuncia formal contra Lula por el delito de lavado de dinero y falsificación de documentos.
La acusación solicitó que se expida una orden de prisión preventiva contra el expresidente para evitar que interfiera en las investigaciones.
La fiscalía acusó a Lula de ocultar que es el dueño de un apartamento de lujo en la ciudad costera de Guarujá (Sao Paulo), que está a nombre de la constructora OAS, una de las investigadas en el caso Petrobras, extremo que niega el ex jefe de Estado.
La propiedad de ese apartamento también es investigada en Curitiba, donde los fiscales han apuntado indicios de que ese inmueble podría ser una forma de pago de sobornos relacionados con el caso de corrupción petrolera.
La causa de Curitiba es más amplia y también cuestiona la propiedad de una finca rural en Atibaia (Sao Paulo) que usa Lula frecuentemente, y además investiga las donaciones recibidas en los últimos años por el Instituto Lula y el pago de las conferencias que pronunció después de dejar la presidencia en 2011.
Las conferencias también son blanco de una investigación abierta el pasado julio en la Fiscalía de Brasilia, que considera que pueden esconder el pago de sobornos a cambio de que Lula supuestamente usara su influencia para conseguir favores del banco de fomento del Gobierno para esas constructoras.
Además, la Policía investiga la posible participación de Lula en un supuesto fraude cometido por empresarios del sector automotor que habrían sobornado a funcionarios para obtener ventajas tributarias entre 2009 y 2015.
Lula fue citado a declarar en relación a ese caso en calidad de testigo puesto que uno de sus hijos, Luis Cláudio Lula da Silva, firmó un contrato en 2012 con una firma citada como intermediaria del pago de sobornos.
Esta no es la primera vez que Lula se enfrenta a los tribunales a lo largo de su vida política.
En plena dictadura, cuando era un conocido líder sindical, Lula estuvo detenido 31 días en abril de 1980 en prisión preventiva por liderar una gran huelga contra el régimen militar, acusado de violar la ley de Seguridad Nacional.
En la cárcel, Lula y sus compañeros cumplieron seis días de huelga de hambre y su encarcelamiento contribuyó a inflamar aún más las protestas de los trabajadores contra la dictadura.
Una vez en la Presidencia, Lula fue investigado por la Policía por el gran caso de corrupción que hizo tambalear su Gobierno en 2005, pero no fue procesado, pues el Supremo no halló pruebas documentales sobre su supuesta participación en los hechos, a pesar de que sí fueron condenados algunos estrechos colaboradores.
Esa red usó fondos públicos para sobornar a dirigentes de otros partidos políticos para que votasen en el Congreso a favor de los proyectos del Gobierno.
Entre los 25 condenados por el caso figuran importantes dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) que fueron durante décadas estrechos colaboradores de Lula, entre ellos el exministro José Dirceu, y los entonces presidente del partido, José Genoino, y tesorero de esa formación, Delubio Soares.
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EFE/GS
