Hace apenas dos meses entró en vigencia la ley 1774, por la cual se sancionan con cárcel y multas aquellas conductas que afecten gravemente la vida e integridad física y emocional de algunos animales. Pese a que activistas y otros ciudadanos celebraron el carácter punitivo de la norma, los resultados en lo penal no han sido los esperados. Además de la novedad de la ley y de la crisis estructural del sistema y el paradigma carcelario, varios factores podrían explicar esta inicial demora. Los más importantes: la inercia de la indiferencia social de los operadores de justicia y la percepción social del maltrato animal que apenas empieza a ser concebido como un hecho grave e injusto.
Pero más acá del frente penal, complejo y esquivo, hay un ámbito de la justicia, menos lejano al ciudadano, que podría activar la ley de manera ágil y ayudar a contener buena parte del maltrato animal en el país. Es la que atañe a los inspectores de Policía y alcaldes locales, a quienes la ley 1774 les confiere la potestad de imponer multas (de cinco a 60 SMMLV) y hacer aprehensiones materiales preventivas de animales víctimas de agresiones que no lesionen gravemente su integridad. En esta posibilidad protectora y garantista radica la mayor virtud de la ley, que ordena a ambos funcionarios a atender denuncias en 24 horas y a rescatar a los animales sin que medie orden judicial o administrativa previa; incluso, accediendo a los espacios constitucionalmente protegidos. Todos los casos de flagrancia serían de su competencia.
Sin embargo, el temor de inspectores de Policía y alcaldes locales y municipales frente a los procedimientos legales y su desconocimiento sobre maltrato y protección animal podrían llevar a muchos de ellos a la inacción, con el argumento de la falta de competencias. Las consecuencias más graves de esta parálisis policiva serían: desahuciar la ley por inoperancia institucional y acrecentar entre los ciudadanos el sentimiento de injusticia con sus efectos revanchistas y las víctimas de siempre: los animales.
Por ello, los expertos del derecho y la medicina veterinaria que asistieron al conversatorio del 5 de marzo ‘¿Qué sigue a la sanción de la ley que penaliza el maltrato animal en Colombia?’, organizado por AnimaNaturalis Internacional, llamaron a los defensores de animales, a la academia y a la sociedad civil interesada a ayudar a construir valentía en la justicia. Es decir, a producir conocimiento y herramientas técnicas de fácil uso que le permitan a un funcionario de justicia identificar el maltrato animal –daño físico o emocional– para hacer la aprehensión garantista de un animal víctima.
Así se hizo en Curitiba (Brasil), cuya fuerza policial fue capacitada en medicina veterinaria legal y forense, al igual que en otras ciudades: con pocos recursos económicos y suficiente voluntad institucional. Lamentable que al conversatorio no haya asistido la delegada de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, entidad que tiene a su cargo la coordinación de inspectores de Policía y alcaldías locales, a pesar de la rogada invitación.
Lo cierto es que la ley 1774 corre el riesgo de desactivarse por inoperancia de las autoridades de justicia. Si no hay valentía en policías, jueces penales y fiscales, la violencia contra los animales (y las personas) nos ganará por su miedo a la acción.
*Las opiniones expresadas por el columnista no representan necesariamente las de PUBLIMETRO Colombia S.A.S.
