Robinson Antonio Román Dávila y Liliana Sofía Cabas Ochoa, dos contratistas del ICBF en Guajira, fueron capturados y se les impuso medida de aseguramiento domiciliaria por supuestos actos de corrupción en la institución.
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Un juez de control de garantías aseguró que deberán responder por delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad en documento privado en calidad de coautores.
Román Dávila había quedado en libertad a finales del año pasado, por un error al momento de su captura; sin embargo, los implicados se presentaron el lunes pasado ante la Fiscalía seccional de La Guajira para ser judicializados.
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Los actos de corrupción se habrían realizado en el programa de alimentos del ICBF en la Guajira.
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