La Ley 1773 de 2016, también denominada ‘Ley Natalia Ponce’ establece hasta 50 años de cárcel para las personas que ataquen a otras con ácidos u otros agentes químicos.
La normativa también establece que se debe adicionar al Código Penal un artículo que tipifique los ataques con ácido como delito autónomo y no como lesión personal.
De acuerdo con el texto aprobado, quien le cause daño a otro «usando para ello cualquier tipo de agente químico» pagará cárcel de entre 12 y 20 años.
Además, quien cause «deformidad o daño permanente, pérdida parcial o total, funcional o anatómica» al agredirla con ácido tendrá una pena de entre 20 y 30 años y con los agravantes (como sevicia, premeditación u otros) podría llegar hasta los 50 años de cárcel.
En síntesis, la ley modifica el Código Penal, aumenta las penas privativas de la libertad, prohíbe la suspensión condicional de la pena, la prisión domiciliaria, y cualquier otro beneficio judicial o administrativo a los victimarios. Igualmente contempla la obligación del Estado de expedir, en seis meses, una política pública de atención integral a las víctimas de este delito.
“Valiente”, “guerrera”, “un ejemplo a seguir”, “una mujer llena de gallardía”, etc., etc., etc… Este lunes, una vez más, los adjetivos para describir a Natalia Ponce de León se quedaron cortos, luego de que, en un acto sin precedentes, el presidente Juan Manuel Santos promulgara la ley bautizada con su nombre mientras ella se mostraba por primera vez en un acto público sin la máscara que protege su rostro.
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Ante decenas de personas e incontables cámaras de televisión, en plena Casa de Nariño, Natalia ‘dio la cara’ y conmovió al país, de nuevo, al dar un emotivo discurso que recitó con la frente en alto, sabiendo que millones de personas verían las terribles marcas que en su rostro dejó el ataque con ácido del que fue víctima en marzo de 2014 y que la convirtió, para bien o para mal, en la cara visible de las personas que han sufrido este flagelo.
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“Trabajemos juntos para que podamos hacer de Colombia un país más justo y más grande”, señaló la joven en su intervención al agregar que «quiero dedicar mi vida a hacer realidad algo que necesitamos urgente en Colombia y es una unidad de atención para quemados acorde a las necesidades de nuestro país”.
“Hay que iniciar un trabajo conjunto desde cada uno de sus ámbitos (de la sociedad colombiana) para que quienes seamos víctimas podamos reintegrarnos lo más pronto posible a la sociedad y que se dé la atención adecuada”, agregó la joven que se vio satisfecha por la promulgación de la ley, aunque no ocultó la necesidad de seguir trabajando por las víctimas.
Promulgación
Durante el acto, al que también asistieron otras víctimas de este flagelo, el presidente Santos indicó que la llamada Ley Natalia Ponce (o Ley de Víctimas de Ataques con Agentes Químicos, Ácido o Sustancias Similares) es una respuesta integral del Estado a los ataques con ácido y “establece este tipo de ataque como un delito específico, con penas fuertes que corresponden a su gravedad”.
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La normativa también incluye las sustancias corrosivas en el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias peligrosas, para atacar a toda la cadena delictiva.
El presidente subrayó que la ley establece que no habrá concesión de beneficios para quienes incurran en la comisión de ese delito e indicó que el Instituto Nacional de Medicina Legal deberá brindar toda la información a los médicos tratantes, para facilitar la atención a la víctima y que el Gobierno tendrá que diseñar y poner en marcha una política integral de atención a las víctimas de los ataques con ácido.
Freno a la tragedia
Santos enfatizó que “necesitamos ponerle freno a una tragedia que en los últimos 6 años han tenido que enfrentar 628 colombianos. ¡Más de 100 por año!” y dijo que el Invima está llevando el registro de ventas al menudeo de ácidos y otras sustancias similares, con lo que se les brindará más herramientas a las autoridades para encontrar a los agresores.
“A la fecha, hay más de 1.400 establecimientos inscritos que han reportado cerca de 255 mil ventas. Ese registro es el que permite tener una trazabilidad de la venta, es decir, información del comprador”, indicó.
“Así les damos más herramientas a las autoridades para encontrar a los agresores. Y, a estos, menos confianza porque suceda lo que suceda los vamos a identificar y castigar”, concluyó Santos.
