El Ministerio de Educación anunció este miércoles que adoptó medidas preventivas y sancionatorias contra la Corporación Universitaria Rafael Núñez y sus directivos, por irregularidades financieras, en un caso similar al de la Fundación Universitaria San Martín.
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Tras una investigación, la entidad señaló que encontró una serie de irregularidades “en aspectos estatutarios, administrativos y especialmente financieros que están poniendo en riesgo de manera grave la prestación del servicio público de educación superior en dicha Institución”.
Según explicó la viceministra Natalia Ariza, se pudo establecer que con recursos de la Corporación Universitaria que ascienden a más de 6.000 millones de pesos, se efectuaron adecuaciones a edificaciones de propiedad de dos sociedades comerciales de la Familia Henríquez Emiliani, que a su vez controla la junta directiva de la institución, que luego fueron arrendadas a la misma corporación por sumas mensuales de hasta 150 millones de pesos violando inclusive los montos que ellos mismos establecían en los contratos de arrendamiento.
Debido a esto, además de imponer una multa de 122 millones de pesos a los directivos del plantel, el Ministerio señaló que presentará un plan de mejoramiento “tendiente a corregir en el menor término los hallazgos encontrados en la visita integral”, así como a “constituir una fiducia para el manejo de sus recursos y rentas, de forma que éstos sólo sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función institucional”.
Además, Ariza explicó que la Corporación Universitaria Rafael Núñez no podrá recibir dinero de las matrículas y demás pagos por derechos académicos por fuera de la Fiducia, que se hará un seguimiento permanente a la destinación de los recursos de la Institución y que, en caso de que no se cumplan las condiciones, se procederá a remover a los directivos de la institución.
