A la más reciente cita con la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, CDDHHPI, que estaba programada para el martes 28 de noviembre de 2017 en la ciudad de Medellín, no llegó la representación del Gobierno Nacional.
El objetivo de la sesión era exponer la problemática actual que viven los pueblos indígenas en el departamento y establecer un cronograma de trabajo, pero no se pudo.
En el departamento, según datos de la Organización Indígena de Antioquia, habitan cerca de 36.000 indígenas de los pueblos Embera Eyábida, Chami, Dóbida, Tule y Senú. Quienes denuncian ser víctimas de violación de los derechos humanos.
Alexis Espitia, consejero de derechos humanos de la Organización Indígena de Antioquia, OIA, denunció que las comunidades indígenas en el departamento han estado atravesando una situación crítica, ya que se han presentado homicidios, desplazamientos, confinamiento, amenazas y reclutamiento de grupos ilegales.
“Hemos solicitado la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas a nivel nacional para sesionar aquí en el departamento y poder exponer toda la problemática, hacer un análisis y establecer una ruta de trabajo con las instituciones del Gobierno Nacional, pero los delegados no llegaron”, afirmó Espitia.
El consejero considera que la actitud del Gobierno Nacional es “una falta de respeto”. Los representantes de los pueblos indígenas exigen ser escuchados, porque la problemática requiere de una pronta solución.
“En estos momentos estamos exigiendo al Gobierno nacional que nos escuche, porque esta situación se ha agudizado en los dos últimos años y es urgente una solución. Desde hace más de cuatro años se han firmado muchos acuerdos pero ninguno se ha cumplido”, dijo Espitia.
Los cinco pueblos que habitan en el departamento de Antioquia están divididos en 209 comunidades, que están ubicadas en diferentes zonas como el bajo cauca, Urabá, Atrato, occidente, nordeste, suroeste y norte antioqueño.
“El punto clave que estamos exigiendo es en materia de víctimas, porque hay cerca de 15.000 indígenas que se han declarado víctimas y que están registrados, pero no se ha establecido una ruta de trabajo para la reparación colectiva e individual de las comunidades que se requiere”, indicó el consejero.
Por su parte Ginny Alba Medina, secretaria técnica de la Comisión de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas a nivel nacional, comentó que frente a la gran cantidad de denuncias presentadas por los delegados del departamento se había programado la sesión extraordinaria, pero no asistieron los representantes del Gobierno Nacional que tienen poder de decisión.
“Hemos realizado sesiones en Chocó, en Putumayo y en Antioquia, y el Gobierno está haciendo caso omiso a las denuncias que han presentado los pueblos indígenas en materia de derechos humanos y seguimos afrontando asesinatos como el más reciente caso en Caquetá. Se están haciendo acuerdos en el territorio pero no se están cumpliendo”, reveló la secretaria.
Con la firma de los acuerdos de paz y la reintegración de los excombatientes de las Farc, los pueblos indígenas son los primeros afectados. Alba afirmó que “una cosa es la paz de la ciudad y otra la paz en territorio. Esa paz que se anhela en el territorio no se está viendo. Manifiestan que es una paz desde los escritorios y que no se tiene en cuenta el qué hacer de los indígenas en sus territorios”.
«Nosotros estamos abiertos a un diálogo serio. No es justo que las comunidades presenten sus denuncias y el Gobierno se haga el de los odios sordos» Ginny Alba Medina, secretaria técnica de la Comisión de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas.
La secretaria le hace un llamado al Gobierno Nacional para establecer un diálogo que permita dar solución a la problemática que viven los Pueblos Indígenas. “Nosotros estamos abiertos a un diálogo serio. No es justo que las comunidades presenten sus denuncias y el Gobierno se haga el de los odios sordos. Que cumplan con los compromisos establecidos”.
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Las cifras
En Antioquia se han reportado 15.730 casos de violación de derechos humanos, 14.415 son por desplazamiento, 610 homicidios, 316 amenazas y 199 desapariciones forzadas.
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