Salir de la casa, ya sea para ir a trabajar, estudiar o llevar los niños a sus actividades, ahora tiene un ingrediente adicional. Ya no es suficiente con solo persignarse al cerrar la puerta, ahora hay que rezar con toda devoción en quien crea, para volver a la casa y no ser una más en la lista de decenas de víctimas diarias de la delincuencia.
Teresa Jaramillo tiene dos hijos. Vive en Envigado y sus pequeños estudian en Medellín. Diariamente se desplaza entre los dos municipios por trabajo o estudio, una situación común para varios ciudadanos que viven en las mismas circunstancias.
Hace una semana, cuando caminaba con sus niños de la mano por un barrio central de Envigado, sobre la calle 33 sur, cerca del hospital, un hombre que se movilizaba en motocicleta haló al pequeño, y cuando Teresa reaccionó para sostenerlo, el sujeto le arrebató el bolso. “El señuelo fue el niño. Memoricé la placa de la moto, cuando llegó la Policía verificamos y la placa no existe. Todo pasó a tres cuadras de donde estaba un cuadrante, pero nadie vio nada”, expresó Teresa.
En Medellín estos casos también son frecuentes, según los registros del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (SISC). Entre el 1 de enero y el 5 de agosto de este año se han reportado 3411 atracos a personas, un 9,9% más que el año anterior. La Candelaria, centro de la ciudad, registra un aumento del 19,7%, es decir, pasó de 2243 en el 2016 a 2685 en lo que va del 2017. En el caso de El Poblado el aumento es del 17,2%, de 673 en el 2016 a 789 hasta el momento.
Las redes sociales se han convertido en el espacio para exponer esos casos de hurto. Videos del momento justo en el que motociclistas atracan a conductores de vehículos, de los delincuentes que entran a tiendas o supermercados e intimidan con armas de fuego a sus empleados y ciudadanos para robarlos, o de los ladrones que son atrapados en flagrancia por la comunidad que, en muchos casos, decide tomar justicia por su propia cuenta mientras llega la Policía, son la prueba de lo que se vive en Medellín.
Comentarios como: “Preocupa mucho la situación de seguridad que estamos viviendo en la ciudad” “La ciudad va muy mal, muchos muertos, ‘vacunas’, extorsiones, robos, riñas” “Medellín está en manos de los bandidos” “¿Cuándo habrá seguridad de verdad en la ciudad?” “¿Cuándo podremos salir tranquilos?”. Esos son tan solo algunos de los cientos de mensajes que los ciudadanos le escriben al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre lo que está pasando en la capital.
Militarización como solución
Desesperada por la inseguridad de Medellín, Dignora Suárez, habitante de Belén, que ha sido testigo de todo lo que sucede en su sector, propone: “La solución es militarizar el área metropolitana; estamos volviendo a la época de la Comuna 13, pero ahora es en la Comuna 16, en Belén Altavista. Medellín está invivible. El Ejército debe entrar y controlar la zona”.
«La solución siempre tiene que ser la seguridad integral, lo que quiere decir que se debe garantizar el trabajo conjunto de organismos de seguridad y justicia para atacar a los criminales. Por otro lado, la integralidad hace parte del trabajo de las administraciones municipales, de las organizaciones y también de las empresas privadas que tienen la tarea de generar oportunidades y posibilidades de desarrollo dentro de las comunidades” Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín (e).
Frente a esa idea de militarización, Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín (e) dijo que: “Si bien se suele creer que frente a la criminalidad y la violencia la respuesta es siempre la militarización, también se puede decir que esas miradas se quedan cortas. La solución siempre tiene que ser la seguridad integral, lo que quiere decir que se debe garantizar el trabajo conjunto de organismos de seguridad y justicia para atacar a los criminales. Por otro lado, la integralidad hace parte del trabajo de las administraciones municipales, de las organizaciones y también de las empresas privadas que tienen la tarea de generar oportunidades y posibilidades de desarrollo dentro de las comunidades”.
Pablo Emilio Angarita, docente e investigador del Observatorio de Seguridad Humana de la Universidad de Antioquia (UdeA), considera que la propuesta sobre la militarización para acabar con la inseguridad “es una medida desesperada y angustiante de los ciudadanos y de algunos gobernantes cuando ven que crecen los problemas, que se les salen de las manos y que no encuentran una solución distinta”.
Para el experto la propuesta no tiene nada de innovador, porque es la fórmula que se ha hecho por los gobiernos a nivel local y nacional frente a situaciones alarmantes como la que está viviendo Medellín.
“Ya tuvimos en la Comuna 13 la experiencia de lo que fueron la Operación Mariscal y la Operación Orión, que si bien en lo inmediato pretendieron sofocar las graves situaciones de violencia que se vivían ahí, dejaron instaladas las fuerzas paramilitares y eso es lo que explica el por qué, a pesar de algunas inversiones sociales que se han hecho allí, todavía se siguen presentando brotes y manifestaciones de violencia como lo que vemos hoy en Altavista y en otros lugares de la ciudad”, aseguró Angarita.
Angarita también sugiere que el contar con un buen servicio de inteligencia y tener ofertas atractivas para la población (que vive una gran inequidad social desde la misma transformación de la ciudad) son medidas más efectivas que la militarización.
Seguridad, un asunto metropolitano
Hoy en día, las fronteras entre algunos de los municipios que conforman el área metropolitana son tan solo de una calle, por lo que es común que, así como las personas viven en uno y trabajan en el otro, los bandidos pasen de uno a otro para cometer actos delictivos, por lo que la seguridad involucra a todos los territorios, en particular a Medellín, Itagüí, Envigado y Bello.
Itagüí
Juan Carlos Zapata Pimienta, secretario de Gobierno del municipio de Itagüí, comentó que lo que se vive actualmente en la capital antioqueña, en términos de seguridad, afecta directamente a los demás territorios. “Estos índices de inseguridad que se presentan en Medellín también repercuten en los municipios, porque muchos de los delincuentes se vienen a refugiar en Itagüí”.
Sobre la militarización, explicó que el Ejército está llamado a salvaguardar la seguridad de los ciudadanos en las zonas rurales, pero que “según la ley, como tienen armas largas, no deben estar en las zonas urbanas, pero legalmente, para mí, el Ejército es fundamental para la percepción de seguridad, llámese rural o urbana de cualquier municipio, porque la Policía no da abasto, está dividida por cuadrantes y especialidades, por lo que le queda muy difícil prestarle el servicio a los 10 municipios”.
Itagüí pasó de ser el municipio con mayor número de homicidios por cantidad de habitantes en el 2009, cuando se registraron 335 en una población aproximada de 270.000 habitantes, a convertirse en un referente en el 2017 cuando, hasta la fecha, se han reportado 23 casos de muertes violentas.
Bello
Jairo Araque Ferrero, secretario de Gobierno del municipio de Bello, dijo: “Nunca hemos considerado la alternativa de la militarización, porque constitucionalmente tampoco es la función del Ejército. Habría que replantear el conflicto en Medellín y más porque hoy en día en el campo ya no existe o bajó su intensidad. Ahora es necesario fortalecer las ciudades”.
Araque explicó que lo que quisiera la gente al referirse a la militarización es que se saquen las tropas a la calle, pero deben tener en cuenta que en el nuevo Código de Policía, Ley 1801, se establece que para hacer un movimiento de tropas se tiene que contar con el visto bueno del presidente, por lo que los alcaldes perdieron la competencia para movilizar las tropas de esa manera.
El municipio de Bello, en lo corrido del año, ha reportado un 24% de reducción en los homicidios respecto al año anterior, en el que se registraron 46 muertes violentas. El hurto se ha mantenido en los mismos indicadores del último año. Como medidas se instalarán por primera vez en el municipio 200 cámaras de seguridad que estarán listas en el mes de diciembre.
Envigado
Juan Manuel Botero, secretario de Seguridad y Convivencia de Envigado, indicó que la Constitución establece las funciones de la Fuerza Pública. Sin embargo, aunque la Policía es quien debe garantizar la seguridad ciudadana, el Ejército también puede cumplir unas funciones en algunos sectores rurales para hacer acompañamiento, tal y como sucede en Las Palmas.
“Se vive una problemática en el área metropolitana, sobre todo en el tema del hurto, pero nosotros podemos dar un parte de tranquilidad a los ciudadanos. Obviamente pasarán algunos casos, pero venimos adoptando estrategias que han permitido la disminución de estos delitos”, indicó Botero.
El hurto a personas en Envigado disminuyó un 18%; el hurto a automotores, 66%; a residencias, el 16%; a motocicletas, el 18% y al comercio, el 37%. En relación con los homicidios se han registrado nueve casos, uno menos que el año anterior.
Botero anunció que se instalarán cámaras de reconocimiento de placas en todas las fronteras del municipio, con el objetivo de poder detectar vehículos que ingresen a la jurisdicción con antecedentes o que tengan relación con algún tipo de delito.
Por el momento, el panorama indica que Medellín es el municipio que mayores problemáticas presenta en términos de seguridad y que depende de las políticas de seguridad que se lleven a cabo el darle una solución a la angustia, la desconfianza y al miedo que se está apoderando de los ciudadanos. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad, que sería la encargada de crear las políticas, se mantiene con Andrés Tobón como secretario encargado, ya que las personas a las que el alcalde les ha propuesto el cargo se han negado.
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Las cifras
Del 1 de enero al 5 de agosto de 2017 el comportamiento de los hurtos en Medellín en comparación con el mismo periodo en el 2016 es el siguiente:
A vehículos por halado aumentó 25,7%, pasó de 210 a 264.
A motocicletas por halado disminuyó 33,6%, pasó de 1.842 a 1.223.
A personas a través del cosquilleo aumentó 26,6%, pasó de 602 a 762.
A residencias disminuyó 17,5%, pasó de 589 a 486.
A establecimientos comerciales disminuyó 24%, pasó de 1.043 a 793.
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