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Los Mártires

Hoy en día la localidad de Los Mártires presenta un entorno en el que el espacio público está absolutamente perdido, las basuras abundan en calles y edificaciones, el urbanismo está deteriorado y en varios casos amenaza ruina, la informalidad es ama y señora de las vías, y aún existiendo restricciones por la pandemia, la movilidad es caótica por cuenta de innumerables obstáculos físicos

El pasado jueves un operativo de seguridad que terminó en saqueos y disturbios en la localidad de Los Mártires, prendió las alarmas sobre el estado de la seguridad en una zona caracterizada por tener una de las dinámicas urbanas más complejas de la Capital. ¿Qué hay detrás del desenlace negativo de dicho operativo?

Entre 2014 y 2015 la toma exitosa del Bronx significó la incautación de armas, drogas, bienes robados, el rescate de personas y la captura de integrantes de la banda de “los Sayayines”. Luego en 2016, con el liderazgo de la recientemente creada Secretaría de Seguridad de Bogotá, la administración distrital puso en marcha un proceso de recuperación del control del área del Bronx, un centro delincuencial enclavado en el corazón de esta localidad, dejando al descubierto años de crimen y violencia amparados por un contexto caótico.

Desde ese momento se puso en marcha un plan de intervención integral que iría acompañado de la transformación del entorno con el fin de devolverle a la ciudad y a sus ciudadanos un espacio urbano histórico, con un valor significativo para la transformación del centro y la erradicación progresiva de los factores de inseguridad.

No obstante, hoy en día la localidad de Los Mártires presenta un entorno en el que el espacio público está absolutamente perdido, las basuras abundan en calles y edificaciones, el urbanismo está deteriorado y en varios casos amenaza ruina, la informalidad es ama y señora de las vías, y aún existiendo restricciones por la pandemia, la movilidad es caótica por cuenta de innumerables obstáculos físicos.

Los indicadores de seguridad tampoco ofrecen un panorama positivo. En 2020 la localidad registró la mayor tasa de homicidios de la ciudad, fue la segunda de veinte en delitos sexuales, la tercera en hurto a personas y comercio y la quinta en violencia intrafamiliar, a pesar de haber experimentado más de 100 días de restricciones estrictas a la movilidad en el marco de la emergencia sanitaria. Muestra de esto es una percepción de inseguridad en la zona del 72% según la encuesta “Mi Voz Mi Ciudad”.

La observación estructurada de las características del entorno, la percepción y los indicadores evidencian los riesgos de estabilidad y seguridad que enfrenta esta zona y ofrece respuestas sobre la fallida acción institucional del jueves pasado, asociadas con problemas de coordinación, intercambio de información y debilidad en la acción interinstitucional.

Respecto a la coordinación, aumenta la sensación de que algunos de los actores institucionales de la ciudad consideran prescindible el componente técnico y humano más competente para la estructuración de respuestas en esta materia: la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Relacionado con lo anterior está la inexplicable ausencia de la Policía Nacional en el operativo local. Algunas declaraciones de autoridades locales han dado cuenta del desarrollo de la acción institucional sin una participación protagónica de los funcionarios policiales. La participación policial en la gestión de la seguridad no es opcional, dado que cuenta con las herramientas necesarias para la identificación y mitigación de riesgos potenciales, además de las funciones de policía judicial. Un operativo de seguridad sin policía es como ir de cacería sin escopeta.

Esta práctica aumenta la ineficacia en la gestión de la seguridad, dado que descarta de plano una estrategia general, la evaluación de la disponibilidad de capacidades, la valoración de las amenazas y el reconocimiento de las dinámicas de ciudad. Asimismo, fortalece a los delincuentes brindándoles la oportunidad de hacer una demostración de control territorial que incrementa el miedo en los ciudadanos. Si el control territorial de “los Sayayines” sugerido por la Secretaria de Gobierno es verdad, habremos retrocedido seis años.

Finalmente, se observa una comprensión débil de las condiciones y retos del entorno a intervenir. Habiendo visitado la zona recientemente puedo asegurar que el desarrollo de una operación de registro y control en Los Mártires exige un despliegue institucional robusto que considere desde el principio el alto riesgo de desordenes y violencia en la periferia de la zona intervenida. No haber actuado en ese sentido sugiere una pobre comunicación entre el nivel local y el distrital sobre los principales factores que atentan contra el control institucional y la seguridad de los ciudadanos.

La localidad de Los Mártires debe ser uno de los ejes clave para la reconstrucción de la percepción de seguridad y la confianza ciudadana. Avanzar en ese sentido requiere superar de una vez por todas la falta de coordinación interinstitucional, comprender los desafíos territoriales con el fin de tomar acciones correctivas multidimensionales y poner en marcha un plan de renovación urbana que brinde impactos positivos en seguridad y recuperación económica local.

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