El 27 de septiembre escribí en este medio un artículo cuestionando a la Defensoría del Pueblo por el no pago de la indemnización a las víctimas del derrumbe de Doña Juana de 1997, no obstante, el Distrito de Bogotá le giró a esta entidad los recursos para cumplir con dicha obligación desde enero de 2015. Pues bien, la Defensoría respondió, gracias a la presión mediática, a los cuestionamientos y adquirió unos compromisos que a la fecha no ha cumplido.
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- Se comprometió a suscribir en octubre de 2018 un contrato con la Universidad Nacional (UNAL) para que ésta notifique a los reclamantes de la indemnización, tanto a quienes resultaron beneficiarios, como a quienes no, entre las más de 600 mil pesonas que allegaron sus documentos. Pasó octubre y, aparentemente, no hay signos siquiera de un acercamiento para la subscripción del contrato con la UNAL.
- Se comprometió a conformar una mesa de seguimiento a los compromisos y al trámite de notificación, en cuya mesa participaría la comunidad afectada. Efectivamente se llevó a cabo una pequeña reunión el día 3 de octubre, según cuentan algunos de sus participantes, no hubo más que aplausos de los funcionarios de la Defensoría a su labor respecto a este proceso y no se planteó la posibilidad de una nueva reunión de seguimiento desde entonces.
Al día de hoy no, las proferidas reuniones quedaron en veremos, no hay información por parte de la Defensoría sobre cómo va el proceso y, lo que es peor aún, el Defensor no se ha puesto al frente de esta problemática, este desastre ocurrido hace 21 años amerita que él sea quien le de la cara a los reclamantes, algunos de los cuales han muerto sin recibir lo que les corresponde, muchos dan por olvidado el proceso y otros tantos todavía son víctimas de un relleno sanitario que los invadió y que amenaza día a día, no solo con la posibilidad de otro derrumbe, como el de 2015, sino con las consecuencias negativas para su salud la convivencia con desechos tóxicos todo tipo.
Entre 4.500 y 5.000 toneladas de desechos se depositaban a diario en el relleno Doña Juana en 1997, correspondientes a una población que se acercaba a los 6 millones de habitantes en Bogotá. Hoy el relleno recibe residuos de siete municipios más de Cundinamarca, está desbordado y, al ser cada vez mayor la cantidad, se dificulta considerablemente el depósito y cubrimiento de los desechos. Sin contar con el vertimiento de lixiviados, líquidos que expelen las basuras, al río Tunjuelo. Vecinos del relleno denuncian que, aunque en 21 años no han cesado los malos olores, los roedores e insectos, llevan aproximadamente un mes en crisis, pues aseguran que la operación del relleno presenta fallas serias.
A la Defensoría, un llamado para que cumpla con lo prometido y lo que les corresponde; a las autoridades Distritales, pronta atención a la comunidad; y a cada uno de nosotros consciencia sobre lo que consumimos y desechamos, y sensibilidad para exigir que se les respeten los derechos a las víctimas de 1997 y a las víctimas que conviven día a día con nuestra basura. No más rellenos sanitarios a cielo abierto, no más Doña Juana.