Hoy hace 21 años, el 27 de septiembre de 1997 hacia las 4:00 p.m., el relleno sanitario Doña Juana se derrumbó dejando a la intemperie más de 1.200.000 toneladas de residuos sólidos, altamente tóxicos, afectando el cauce del río Tunjuelito y la población de cuatro localidades: Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe.
Ahora bien, si ha pasado tanto tiempo, ¿por qué ninguna de las más de 600.000 personas afectadas con la emergencia ha recibido un solo peso de la indemnización que les corresponde? En 2012, en segunda instancia, el Consejo de Estado condenó al Distrito de Bogotá a pagar una indemnización por más de 200.000 millones de pesos para el total de los afectados. Efectivamente el Distrito Capital le transfirió a la Defensoría del Pueblo el valor de la sentencia en dos cuotas, la primera el 24 de diciembre de 2014 y la segunda el 29 de enero de 2015.
La Defensoría, por su parte, suscribió un contrato con la Universidad Nacional para que determinara quiénes de los solicitantes para ser incorporados en el grupo de beneficiarios de la indemnización tenían derecho al pago. Este contrato se ejecutó entre el 18 de diciembre de 2015 hasta el 28 de diciembre de 2017, fecha en la cual la universidad entregó a la Defensoría el listado de beneficiarios para dar trámite al proceso de notificación a los reclamantes, han pasado 10 meses desde entonces.
Hoy, sobre este caso, solo hay incertidumbre y, ante todo, muchos cuestionamientos: ¿por qué retener semejante cantidad de dinero proveniente de los impuestos de todos los bogotanos y que es un derecho de los afectados que lo ganaron en franca lid en los estrados judiciales?, ¿a quién o a quiénes, mejor, a qué entidad le genera rendimientos este dinero? Por lógica, y justicia, uno esperaría que esos rendimientos le lleguen, en algún momento, a los beneficiarios de la indemnización.
¿Cuánto tiempo más se va tomar la Defensoría para publicar las listas de beneficiarios y notificar a cada uno de ellos? Me da la impresión de que ha habido intención de dilatar estos pagos, y como bogotana, me siento en deuda con la comunidad que ha sufrido no solo la explosión de 1997, el derrumbe de 2015 y que vive en riesgo permanente, hoy en día, por tener que convivir con la basura y desperdicios, algo que ninguno de nosotros quisiera y estaría dispuesto a hacer. Hago un llamado a la ciudadanía para que exijamos respuestas y soluciones para las víctimas de Doña Juana, las de ayer con el pago de las indemnizaciones, muchas de ellas murieron esperando justicia, y las víctimas de hoy, que carecen de atención, con el cierre del relleno. Esta es la oportunidad y el momento para abrir el debate sobre el manejo de residuos en la ciudad y la región. No más botaderos a cielo abierto, es hora de emplear la tecnología.
