Entre los recientes hechos de inseguridad en Bogotá, en primer orden está el caso de Adriana Sobrero Salazar, quien fue víctima de arma de fuego a manos de delincuentes que pretendían hurtarle su vehículo blindado. Ella, una joven mujer indefensa en estado de gestación que se debate ahora en la terrible posibilidad de quedar parapléjica. Sus verdugos, delincuentes organizados con móviles económicos y fuertemente armados que no tienen ni Dios ni ley. Este caso debe ser el “abrebocas” jurídico para buscar la máxima condena para todos los miembros de esta temible banda, en primer lugar, por tratarse de una mujer, lo que constituye tentativa de feminicidio, con los agravantes del estado de gestación de la víctima y la premeditación de los delincuentes.
Por otro lado, está el caso de una ciudadana víctima de un atraco en la autopista Norte con 106, allí la mujer víctima corrió con mejor suerte que Adriana, pues justo en el momento en que estaba siento asaltada se encontraba a pocos metros un vehículo que hacía parte de un esquema de seguridad del Estado, uno de los hombres de protección, Mario Muñoz, se percató de lo que estaba sucediendo y como un acto de alto valor cívico descendió del vehículo de su protegido para defender a la mujer de ese vil atraco y enfrentar a los delincuentes. Esta vez, la delincuencia recibió su merecido, pues Mario no tuvo otra salida que dispararle al delincuente, quien posteriormente falleció.
Los fenómenos de la llamada “microcriminalidad” están llamados a recoger, o mejor solo ese término porque hoy por hoy está demostrado que “las empresas” criminales no tienen fronteras y que tienen mas fuerza y espacio de acción de lo que la ciudadanía y los organismos de seguridad a veces creen. Lo que está sucediendo en Bogotá y en muchas ciudades es el fenómeno “dominó” de lo que genera una política de impunidad y la ausencia de una política de Estado que atienda la realidad del país, esto es el resultado de haber concedido total impunidad a los miembros de las Farc y a los cientos de colados en las listas secretas cobijados por la amnistía: sicarios, ladrones, fleteros y narcos de baja estofa, entre otros.
Eso para no mencionar lo que sucede con las leyes de excarcelación, la mas reciente envió a las calles a cerca de 11.000 hampones que no tienen quizás remedio y que, al ver un sistema irresoluto y una política de Estado ausente, ven el escenario propicio para hacer su “agosto” con las gentes de bien. Así como muchos ciudadanos conscientes se organizan para vetar a delincuentes de plana mayor como a ‘Timo’ en Armenia y Pereira, así mismo hay delincuentes de todo tipo que se organizan para seguir haciendo de las suyas, en razón de la indefensión de la ciudadanía y la inoperancia de la justicia.
Está probado que en el sur del país, en departamentos como Cauca y Nariño, muchos desmovilizados de las Farc andan haciendo de las suyas, ojalá este fenómeno no llegue a las ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, pero entonces, ¿qué hacer? El mensaje a la delincuencia de que prima el principio de la solidaridad y la legítima defensa debe calar, como en el caso del señor Mario Muñoz, pero también esto debe estar acompañado de altas dosis de compromiso ciudadano y voluntad política, esta última debe ser determinante al respaldar el derecho fundamental a la vida y los derechos humanos, y ello expresado en la posibilidad y la necesidad inmediata de que la ciudadanía pueda tener un arma amparada. ¿Acaso los hampones en los dos casos tenían armas amparadas?
