En un año se cumplirá el plazo que le dio la Corte Constitucional al Congreso para adaptar la legislación sobre corridas de toros, rejoneo, coleo, novilladas, corralejas, becerradas, peleas de gallos y tientas a la jurisprudencia sobre protección animal; particularmente, a la sentencia C-041 de 2017. En ella, la Corte declaró ilegal el parágrafo 3º del artículo 339B de la ley 1774 de 2016 –que exceptúa estas prácticas de la órbita de protección animal– por desatender los lineamientos de la sentencia C-666 de 2010 y ahondar el déficit de protección constitucional hacia a los animales. De no expedirse ninguna norma en el plazo indicado, entraría en vigencia la prohibición de estos espectáculos.
Para el Congreso, este mandato se traduce en tres opciones: (1) Reglamentar las prácticas en aras de suprimir sus elementos de crueldad, (2) prohibirlas, o (3) no legislar y permitir que la decisión de la Corte entre a operar. Aunque esta tercera opción conduciría a un resultado favorable para los animales, sería una salida débil para la democracia y facilista para los congresistas que han amarrado votos con espuelas y banderillas. Sin duda, el camino más decente y legítimo sería una ley de prohibición. Además, no existe otra manera de eliminar el dolor de los animales abusados en estas prácticas de crueldad.
Sin embargo, algunos congresistas han presentado proyectos que, además de tergiversar la decisión de la Corte, buscan sacarle provecho para sus propios intereses. Entre ellos, el de la senadora de la U, Maritza Martínez, que aspiraba reglamentar el coleo como deporte y manifestación cultural, y el de los congresistas Jorge Géchen y Hernán Penagos, también de la U, que plantea lo mismo para las peleas de gallos. El primero fue retirado, el segundo está pendiente de debate.
La iniciativa –retirada– de las senadoras Margarita Restrepo, Paola Holguín y María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, no puede calificarse sino de cínica y contraria al mandato de la Corte. Su objetivo era promover las corridas de toros como “expresiones artísticas del ser humano y uno de los patrimonios culturales de los colombianos”, reduciéndoles medidas a los arpones de las puyas y las banderillas, como muestra de su sensibilidad. Esta propuesta la comparte Felipe Negret, quien además sugiere limitar el tiempo para matar al toro (o de la “Suerte Suprema”, en la jerga de estos ‘dioses’ que deciden sobre la vida y la muerte de otros). Según el empresario, así buscan “adaptar la fiesta pero sin cambiar su escencia” o, como diríamos en lenguaje coloquial, hacerle conejo a la Corte.
El único proyecto que ha pasado a segundo debate es el de la prohibición de las corridas de toros, de autoría del Ministerio del Interior y la coalición ‘Colombia sin toreo’. Empero, el ausentismo y las mañas dilatorias de la Cámara de Representantes, en cabeza de su presidente Rodrigo Lara, lograron aplazar su debate hasta marzo del 2018 cuando los congresistas estarán de salida.
Hace seis años, cuando apenas empezaban a cosecharse resultados a favor de los animales y parecía lejana la prohibición de las corridas de toros en Colombia, creí que las llamadas ‘corridas incruentas’ eran una alternativa. Hoy no me permito esta idea. Estoy convencida de que la prohibición, además de posible, es la única opción. No solo de las corridas de toros, sino de cualquier práctica que convierta la agonía y muerte de animales en espectáculo.
Este domingo comenzará una nueva ‘temporada taurina’ en Bogotá. Que sea la última dependerá, en gran medida, del Congreso que elijamos los colombianos.
