A escasos meses de elegir congresistas y nuevo Presidente, es indispensable pensar cómo garantizar la continuidad de proyectos que han contribuido a mejorar el futuro de los jóvenes y sus familias en Colombia. Es el caso de “Ser Pilo Paga”, que ha beneficiado a más de 30 mil estudiantes de los estratos 1 y 2, quienes tienen la posibilidad, gracias a sus buenas calificaciones académicas, de ingresar a universidades de alta calidad.
El gran logro de este programa en Colombia, que es similar a otros que se ofrecen en países latinoamericanos, es que ha contribuido a cerrar paulatinamente las brechas educativas, al facilitar que estudiantes de bajos recursos económicos ingresen a una institución acreditada en alta calidad.
El debate en torno a “Ser Pilo Paga” implica, sin embargo, no sólo garantizar su continuidad, sino redireccionar el enfoque de la inversión de recursos públicos a través del ICETEX, que hoy se concentran en un 87% en favor de las universidades privadas, excluyendo a las universidades públicas, que han demostrado tener niveles de calidad muy competitivos.
Una distribución más equilibrada de los dineros del Estado en este programa, aliviaría sin duda el déficit cercano a $500 mil millones que tienen hoy las universidades públicas. Si los recursos del Estado fueran en su mayoría a estas universidades, estaríamos beneficiando a un número superior de jóvenes y se financiarían proyectos de mejoramiento de la calidad, que hoy no han podido ofrecer mejores resultados por ausencia de presupuesto. Es claro que con lo que cuesta mantener a un estudiante en una universidad privada, podríamos garantizar la educación de cinco jóvenes en una universidad pública.
Este modelo actual de “Ser Pilo Paga” le resta recursos a la universidad oficial, lo que conlleva a que muchos de sus planes de investigación, modernización e innovación no tengan los avances necesarios y empiece a consolidarse la idea de que sus niveles de calidad son bajos y, por lo tanto, la manera de solucionarlo es enviando a los mejores estudiantes a las universidades privadas. Craso error.
El compromiso que debe asumir el gobierno nacional y el Congreso es procurar fortalecer el sector público de la educación e incentivar que las universidades a cargo del Estado se comprometan a buscar soluciones innovadoras y factibles en tormo a los requerimientos más sentidos de la sociedad, del mercado laboral y de la competitividad territorial.
No podemos olvidar que la educación es un derecho de todos, que es posible garantizarlo haciendo un buen uso de los dineros públicos al enfocar mejor la inversión y posibilitando no sólo el aumento de las coberturas en los establecimientos públicos, sino mejorando su calidad.
