«Con la inclusión de estos sitios naturales en la lista de Patrimonio Mundial, se busca preservar la biodiversidad de los páramos, la cual se encuentra amenazada por la intervención del hombre», informó el Ministerio Público en un comunicado.
La petición la hizo el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco Zúñiga, en una carta dirigida a la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología (Unesco), Audrey Azoulay.
Blanco señala en su misiva que, si bien el Gobierno colombiano ha venido trabajando en la delimitación de esos ecosistemas para su protección y conservación, todavía se desarrollan actividades humanas.
Igualmente aseguró que el reconocimiento internacional le permitiría a Colombia recibir asistencia técnica y económica para lograr la recuperación de los páramos afectados por la minería, la ganadería y la agricultura.
Además, advirtió que «está en juego la oferta hídrica nacional, de la cual se abastece el 80 % de la población del país».
La petición de la Procuraduría a la Unesco surge en momentos en que el ministro colombiano de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, aseguró que el Gobierno no ha autorizado ni autorizará la explotación minera en los páramos.
«No se está haciendo ni se va a hacer minería en los páramos», sostuvo Murillo ante periodistas al salir al paso de la polémica suscitada alrededor de un proyecto minero en las inmediaciones del páramo de c, en el departamento de Santander.
El conflicto surgió cuando el proyecto Minesa, que tiene como principal accionista al fondo Mubadala de Emiratos Árabes, pidió una licencia para desarrollar una explotación de oro en inmediaciones del páramo, una región natural protegida que además provee de agua a los municipios próximos.
Según cifras oficiales, en Colombia hay 36 complejos de páramos que suman 3 millones de hectáreas y son el 50 % del área total que existe en los 6 países andinos, únicos con este ecosistema.
Los páramos se extienden por 12 de los 32 departamentos del país y abastecen acueductos para más de 12 millones de habitantes de capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Bucaramanga.
