Diferentes sectores políticos tenían opiniones contrarias a cerca de elevar a nivel constitucional la prohibición del paramilitarismo. ¿Para qué prohibir lo ya prohibido?, se preguntaban muchos.
Sin embargo, este proyecto de acto legislativo fue presentado a la Cámara de Representantes como parte de la implementación del acuerdo de paz y, con 99 votos a favor y 10 en contra, los representantes lo aprobaron a través del fast track.
La respuesta para algunos era sencilla: había que dejar claro que era un delito. Por ejemplo, el investigador y columnista Rodrigo Uprimny manifestó en una columna de opinión de El Espectador que “para algunos la prohibición constitucional del paramilitarismo no es clara. Un ejemplo fue el debate en torno a las tristemente célebres Convivir, que muchas sirvieron de cobertura legal a grupos paramilitares”. Y algo parecido piensan las víctimas.
Alexandra Zapata, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, indicó que “es muy importante que se pueda tipificar como delito el paramilitarismo”. De esta manera, juzgar a los responsables será más fácil.
Jairo Estrada, miembro de Voces de Paz, señaló que a la prohibición del paramilitarismo le siguen ahora el combate y desmonte efectivo de sus estructuras, ya que el “Estado debe demostrar con acciones efectivas la voluntad y el compromiso del combate al paramilitarismo”.
Y, luego, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó que lo que se pretende con esta norma es elevar «al nivel constitucional las garantías de no repetición, lo que no significa que, en el pasado, se hubieran permitido».
A pesar de estas opiniones, parece que a quienes se opusieron les queda aún el sinsabor de esta reforma constitucional, ya que para ellos se estaría aceptando que el Estado fue responsable de la creación de grupos paramilitares y esto podría tener consecuencias como futuras demandas al Estado por crímenes cometidos por los ‘paras’.
En todo caso, la prohibición del paramilitarismo fue uno de los puntos negociados en el acuerdo de paz de las Farc, en el que se acordaba combatir el accionar de las organizaciones criminales, incluyendo las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, que atenten en contra de movimientos sociales y políticos.
