Liliana Patricia Bernal, la juez que tenía en sus manos dictarle la sentencia al hombre que despertó los sentimientos de desprecio, odio y rencor en la mayoría de los colombianos, luego que el 4 de diciembre de 2016 secuestrara, violara y asesinara a la pequeña Yuliana Samboní de apenas 7 años de edad, se destapó en entrevista con El Espectador.
Bernal dice que el día que tuvo que leer la sentencia por el feminicidio de la pequeña Yuliana, estaba segura que generaría un gran impacto y aprovechó para visibilizar a las denunciantes por violencia sexual que durante el 2016 llegaron a ser 15.082 y a las 122 víctimas de feminicidio que no lograron el impacto mediático que sí alcanzó el caso de la niña. “Este es un país que invisibiliza a sus víctimas y solo reconoce a las engrandecidas por la presión de los medios de comunicación”, le dijo la jueza al mismo medio.
Reveló que fue presionada por los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura para que dictara una sentencia y omitiera términos procesales todo “porque los medios tenían los ojos puestos sobre el curso del proceso y porque había preocupación entre la sociedad, que tenía hambre de justicia”.
¿Por qué la Fiscalía pide aumentar la pena de Rafael Uribe?
Por la condición social privilegiada como victimario, explicó que ese era “un punto dramático para los medios”. Y dijo que la Fiscalía “estaba indebidamente recogiendo ese ánimo popular de ‘por fin castigamos a un rico… ya la justicia no es para los pobres’”.
Pero Bernal se mantiene en que la pena que le corresponde a Uribe es de 51 años y 10 meses de prisión y no 60 años, porque “para efectos del feminicidio, no importa la posición social del victimario. Puede ser rico, pobre, ilustrado, ignorante, de cualquier vinculación política, y puede seguir siendo un victimario. Estamos frente a un derecho de acto y no de autor. Yo no lo puedo castigar a él porque venga de una noble cuna. Yo lo castigo por lo que hizo”.
Considera que los 60 años de condena que pide la Fiscalía no se desprenden de la aplicación de la ley. “Los está pidiendo la Fiscalía en respuesta a esa presión mediática y social, enardecida por el manejo público que se le dio al proceso”.
