«Cuando nos aprestábamos a dar por realizado el proceso de dejación individual de armas según lo establecido en el acuerdo (…) se ha sembrado la mayor de las incertidumbres con respecto a la disposición y la capacidad del Estado en todos sus poderes para honrar los acuerdos de La Habana», reza una misiva firmada por el Secretariado (mando) de las FARC.
Al estudiar una demanda presentada por el senador del opositor partido Centro Democrático, Iván Duque, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejó sin vigencia dos puntos del Acto Legislativo para la Paz que impedían que el Congreso modificara los proyectos de ley para implementar los acuerdos.
El literal H del artículo primero establecía que «los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional».
Y el literal J de ese mismo artículo rezaba que «en la comisión y en las plenarias (de Senado y Cámara) se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno Nacional en una sola votación».
La Corte declaró inexequibles esos literales al considerar que «sustituyen el principio de separación de poderes», pues se estaba limitando la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso.
Según las FARC, el fallo tiene el peligro de que se renegocie el acuerdo en el Congreso y de «estimular el saboteo de su desarrollo normativo», como consideran que es la intención de algunos sectores políticos.
Por ello y aunque consideran que el fallo «modifica sustancialmente las condiciones de trámite de las normas», hicieron un llamado al Congreso para que «contribuya a un desarrollo legislativo que se atenga al espíritu y la letra del acuerdo» que el Gobierno y las FARC firmaron el pasado 24 de noviembre y que fue posteriormente ratificado en el Congreso.
El Secretariado también le hizo un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que «asuma con toda decisión las posibilidades que le otorga la Constitución» en lo que «corresponde a sus facultades para la negociación e implementación del acuerdo de paz».
«Aspiramos a que la colaboración armónica de los poderes públicos, ordenada por la Constitución, sea una realidad material en este caso de tanta importancia histórica para la generación presente y las generaciones futuras de nuestro país», agregaron.
Pese a la situación generada tras el fallo, las FARC agregaron que mantienen la «decisión indeclinable» de continuar cumpliendo lo que acordaron.
Además, subrayaron que se han declarado en «asamblea permanente» en las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) en las que se encuentran reunidos en su camino hacia el desarme y la desmovilización.
Por último, destacaron la necesidad de «pone en marcha un diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales a fin de lograr un gran acuerdo político nacional».
