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«Felicito al presidente y al Gobierno de Colombia por este acuerdo con las Farc. Es un cambio agradable de la rutina el tener un asunto positivo en el Consejo de Seguridad y tratar un tema en el que el Gobierno del país en cuestión ha venido a nosotros», dijo el embajador británico, Matthew Rycroft.
Los quince miembros del Consejo respaldaron una resolución que da el visto bueno a la planificación presentada por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, incluido todo lo relativo al «tamaño, aspectos, operativos y mandato» de la misión.
El texto señala específicamente su apoyo a la propuesta del secretario general para que la ONU se reparta con el Gobierno colombiano el costo de las instalaciones y servicios que serán usados conjuntamente por el personal internacional y el nacional, sobre todo en lo relacionado con los gastos de las zonas de concentración donde las Farc se desarmarán.
Ayuda económica
El documento reconoce la necesidad de un rápido despliegue del mecanismo tripartito de verificación y monitoreo y autoriza a la misión a compartir equitativamente con el Ejecutivo el apoyo requerido para la preparación y la gestión de las zonas en las que se reunirán los miembros de la guerrilla para la dejación de las armas y la desmovilización. Es decir, que el Gobierno y la ONU se encargarán de los gastos de estas zonas en un 50-50.
Por último, el breve texto da la bienvenida a las contribuciones de los países que han ofrecido observadores para la misión y señala su deseo de ver nuevas contribuciones.
«Felicito al presidente y al Gobierno de Colombia por este acuerdo con las Farc. Es un cambio agradable de la rutina el tener un asunto positivo en el Consejo de Seguridad y tratar un tema en el que el Gobierno del país en cuestión ha venido a nosotros», dijo a los periodistas el embajador británico, Matthew Rycroft.
Voces de apoyo
Rycroft, cuyo país se encargó de redactar la resolución, destacó que el acuerdo «da al pueblo colombiano lo que necesita: la perspectiva de una paz sostenible».
El representante francés, François Delattre, dijo que el documento aprobado hoy es un «hito» para apoyar la paz en Colombia y subrayó que con él se garantiza que, cuando el alto el fuego entre en vigor, la ONU estará sobre el terreno para vigilar la situación y asegurar que el acuerdo se aplica totalmente.
«Este es un paso adelante significativo para terminar con un conflicto de 50 años», apuntó Delattre, que destacó la unidad del Consejo de Seguridad en este asunto.
Mientras, el embajador de España, Román Oyarzun, resaltó que desde el primer momento el Consejo de Seguridad confió en la iniciativa de paz, tal y como mostró el pasado enero con la aprobación de una primera resolución.
«El Consejo estaba completamente seguro de que en esta ocasión los colombianos iban a alcanzar la paz. Era una apuesta por Colombia y los colombianos», señaló.
El ministro de Exteriores de Nueva Zelanda, Murray McCully, presidió la reunión de hoy y aseguró que la relación entre Colombia y el Consejo puede servir de «ejemplo» para otras interacciones entre el órgano y países afectados por conflictos.
Por su parte, la embajadora colombiana, María Emma Mejía, destacó el apoyo unánime recibido por la resolución y aseguró que para Colombia «es una nueva señal de reconocimiento y de credibilidad» al proceso.
En declaraciones a los periodistas, Mejía insistió en que se trata de un «espaldarazo importante» por parte de una organización del «peso, prestigio y relevancia mundial» de Naciones Unidas y aseguró que muchos en la organización ven el proceso de paz colombiano como «ejemplo» para otros países.
El Consejo de Seguridad ya aprobó el pasado enero la creación de esta misión, que formará el componente internacional del mecanismo tripartito para supervisar el alto el fuego, en el que participan también representantes del Gobierno y de las Farc.
La operación contará con unos 450 observadores, en su mayoría latinoamericanos y de los que una parte se encuentran ya sobre el terreno.
El Gobierno colombiano y las Farc alcanzaron un acuerdo de paz el mes pasado, que pone fin a 52 años de conflicto armado y que se firmará oficialmente el 26 de septiembre en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.
El acuerdo, sin embargo, está condicionado a su aprobación por consulta popular en un plebiscito que se celebrará el 2 de octubre.
