El Gobierno de Colombia y las FARC anunciaron en La Habana un acuerdo para la salida de los menores de 15 años de los campamentos del grupo guerrillero y se comprometieron a elaborar una hoja de ruta para desmovilizar progresivamente a todos los menores de 18 años.
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El acuerdo incluye un programa de atención especial dirigido a estos menores para garantizar su reintegración en la vida civil, según el comunicado conjunto de las partes.
Esta iniciativa se inscribe en las medidas de desescalamiento (reducción de la intensidad) del conflicto armado colombiano y tiene como antecedente el anuncio realizado en febrero por la guerrilla de las FARC de que no reclutarán a menores de 18 años, un año después de su compromiso de no aceptar en sus filas a menores de 17 años.
A todos los menores que salgan de la guerrilla se les considerará víctimas, y en el caso de los menores de 14 años en ningún caso pueden ser declarados penalmente responsables; mientras que a los que tengan entre 14 y 18 años se les aplicará en beneficio del indulto por rebelión y delitos conexos.
Sobre los menores que hayan sido procesados o condenados por delitos no amnistiables se estudiará su situación en una fase posterior.
El comunicado de las partes no señala a cuántos niños y adolescentes afecta esta medida, aunque el jefe negociador de las FARC, «Iván Márquez», afirmó que son 21 los menores de 15 años que en estos momentos están en sus campamentos y que en los últimos dos años ya sacaron más menores de sus filas.
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«Hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno para que los menores (…) puedan ser acogidos de forma segura por sus comunidades de origen, en el marco de un programa de protección, que evite que estos muchachos vuelvan a sentirse desamparados», afirmó «Márquez», alias de Luciano Marín.
El «número dos» de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) insistió en que los menores que salgan de sus filas no podrán ser judicializados y que, antes de su salida, deberán ser informados de qué acusaciones pesan sobre ellos y ser indultadas, ya que si se les pretendiera hacer «comparecer ante fiscales o jueces, dándoles tratamiento de delincuentes, no saldrían de los campamentos hasta que una ley de amnistía les cobije».
Por su parte, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle declaró que el grupo insurgente se ha comprometido a entregar «toda la información para identificar y ubicar a los menores que aún están en los campamentos y colaborarán con la salida de éstos», proceso que contará con un mecanismo de acompañamiento integrado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).
De la Calle señaló que, por su parte, el Gobierno Nacional se compromete a presentar en los últimos 30 días una propuesta para su discusión en la mesa de conversaciones de un programa integral para todos los menores de edad implicados en el acuerdo «para garantizar la restitución de sus derechos».
«En la construcción de la paz debemos velar por que los jóvenes y niños estén con sus familias, asistan a las escuelas, que vivan una niñez y juventud plena, que no sean usados nunca más como instrumentos dentro de la guerra», subrayó De la Calle.
Al acto también asistió la representante de la ONU para niños y conflicto, Leyla Zerrougui, quien destacó el «liderazgo, paciencia y perseverancia» de los miembros de la mesa de conversaciones por haber «priorizado a niños, niñas y adolescentes de Colombia que son su futuro y su presente».
«Con la firma de este acuerdo, las partes están reconociendo que el pueblo de Colombia considera que sus niños y adolescentes están en el centro de la conciencia colectiva y merecen toda nuestra protección y atención», destacó Zerrougui.
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