En marzo Colombia sufrió una derrota judicial en el pleito de delimitación de áreas marítimas con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. La Corte decidió que Colombia debe reconocer las decisiones de La Haya en 2012 y pagar una indemnización a Nicaragua de acuerdo con lo que determine la CIJ en un fallo de fondo.
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En su momento el presidente Juan Manuel Santos rechazó el fallo, asegurando que la CIJ cometió «contradicciones de fondo» en un fallo de forma y anunció que por estas contradicciones Colombia no volverá a comparecer ante La Haya en el pleito ante Nicaragua.
Según una investigación de Noticias Caracol, otra pérdida para Colombia fue el dinero invertido en la defensa del litigio que podría estar rondando los 10.4 millones de dólares, equivalentes a 30.000 millones de pesos al cambio actual.
Aunque la Cancillería no especifico este montó, Caracol hizo una proyección teniendo en cuenta que los costos invertidos en el litigio hasta el fallo de 2012, eran de 4.465.000 dólares, casi 9.000 millones de pesos, suma con la cual Caracol explica que “se hubiera dotado a San Andrés de acueducto, dos centros hospitalarios de nivel intermedio y al menos 400 soluciones de vivienda”.
Por ejemplo, el estadounidense Roman Bundy costó a Colombia 736.000 dólares, alrededor de 2.100 millones al cambio de la época. Bundy es reconocido como uno de los mejores abogados de arbitraje del mundo, quien prometió un resultado positivo y victorioso a Colombia en 2008.
Los viáticos de Bundy, como reseñó Noticias Caracol, eran US $380 diarios cuando el destino era Europa, US $265 cuando era Estados Unidos y $200 cuando se trataba de Colombia.
A otros litigantes como el magistrado australiano James Crawford se le pagó, con dinero de los contribuyentes, US $506.000 equivalentes a 100.000 millones de pesos. Y al catedrático de Ginebra, Marcelo Cohen, US $310.000.
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Aunque se entiende que los servicios de ese nivel son costosos, se encontró una suma escandalosa que cobró el colombiano, Eduardo Valencia Ospina, US $900 dólares por redactar un “memorando tocante a la confidencialidad de los alegatos escritos en relación con noticias periodísticas”.
