Una gran incertidumbre rodea el inicio de los diálogos formales de paz entre el Eln y el Gobierno Nacional, luego de varias acciones violentas que ponen dudas sobre las verdaderas intenciones del grupo guerrillero tras el anuncio del pasado 30 de marzo en Caracas.
Si bien en esa oportunidad el Eln anunció que iniciaría formalmente diálogos de paz con el Gobierno Nacional, y liberó a los secuestrados Ramón Cabrales y Jair de Jesús Villar en los últimos días como gestos de paz, uno de los ataques más fuertes de los últimos meses ha provocado una situación crítica para los diálogos.
El ataque fue el incendio este miércoles de ocho camiones y dos buses intermunicipales en la vía Quibdó – Pereira, en el departamento del Chocó; se cree que el Eln secuestró a los conductores de los dos buses de la empresa Flota Occidental, y tropas de fuerzas especiales del Ejército fueron trasladadas a la zona para recuperarlos.
Según el general Alberto Mejía, comandante del Ejército Nacional, detrás del secuestro se encuentran tres guerrilleros del Frente Cacique Calarcá, por quienes se ofrecieron hasta $1500 millones de recompensa.
En el mismo sentido se pronunció el procurador Alejandro Ordóñez, quien aseguró que los atentados como el registrado en el Chocó son «la misma vagabundería» que se presentó en el inicio de los diálogos con las Farc, en 2012. » Como no se exigió nada y no se colocaron condiciones entonces van a seguir secuestrando, más policías y soldados muertos, más colombianos afectados», afirmó.
«Fue claro el inicio de diálogos en medio del conflicto»
El jefe negociador del Eln, alias «Antonio García», respondió que el presidente Santos fue claro al afirmar que el diálogo se iba a realizar en medio del conflicto, en una entrevista a la agencia Efe.
Consultado sobre el posible cese de los secuestros, «García» afirmó que esta medida debería tener una respuesta recíproca: «habría que mirar también si el Gobierno está en la misma disposición de adelantar este tipo de acciones» con los presos del Eln.
También aseguró que la suspensión de atentados contra la infraestructura petrolera depende de un compromiso similar para «reducir el impacto social, económico y el apoyo al paramilitarismo» de las multinacionales.
Aunque aseguró que hay una intención política de negociar con el Gobierno, recalcó que los diálogos que iniciarán en los próximos meses en Quito «no son un sometimiento al Estado. Es un pacto político donde las dos partes se van a ir comprometiendo en cómo se buscan soluciones que tienen que ver con el origen del conflicto armado (…) y que habrá que buscar acuerdos que vayan más allá del simple tratamiento de las armas», insistió.
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