Tres noticias lamentables demuestran una situación de abandono del Gobierno a la niñez en varios países, que ha desencadenado en la muerte de menores de edad tanto en la Guajira como en el Chocó y Arauca.
Las muertes de niños en las comunidades wayúu de la alta Guajira se han agudizado en los últimos días, agravadas por la intensa sequía que se vive en la Costa Atlántica. Un bebé de tres meses falleció en el municipio de Manaure, el tercero en cinco días.
El líder wayúu Javier Rojas, quien denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) la penosa situación de su etnia, asegura que desde hace más de 4 años se presenta esta crisis, y que el Estado no se ha hecho presente para atender su situación.
Rojas asegura que el desvío del río Ranchería y el uso de sus aguas en las minas de carbón de El Cerrejón han agravado la situación de los indígenas, que en muchas ocasiones solo tienen un vaso de chicha para alimentarse.
Las alertas de desnutrición también se extendieron a Arauca, donde la Defensoría del Pueblo denunció la muerte de un niño indígena de la comunidad Hitnu el pasado 28 de enero y los riesgos de seis menores más de caer por la falta de una alimentación adecuada.
La Defensoría visitó el resugardo San José de Lipa, en donde encontró seis niños con desnutrición crónica, erupciones cutáneas, conjuntivitis, neumonía y bronquitis, por lo que los menores fueron trasladados al Hospital San Vicente, de Arauca.
Al llegar a la institución hospitalaria, se encontraron con tres menores más afectados por la falta de una alimentación adecuada. Incluso sus madres, menores entre 13 y 16 años de edad, también sufren problemas de salud relacionados a la desnutrición, falta de acceso a servicios públicos y de atención en salud.
Finalmente, la Corte Constitucional admitió una tutela para aclarar la muerte de 37 niños entre 2013 y 2014 que, según las comunidades afro e indígenas del río Atrato, tomaron agua contaminada con mercurio.
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Según la tutela, el uso intensivo y a gran escala de métodos de extracción minera y forestal en el Chocó han causado daños a la población, a pesar de las advertencias que las comunidades del río Atrato enviaron a los gobiernos nacional y locales.
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La Corte ordenó una inspección al río Atrato, para determinar el estado de contaminación y obstrucción de su cuenca y la situación de las comunidades que viven en sus orillas.
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