Una mujer de 70 años falleció la semana pasada luego de que un carro la atropellara en el barrio La Flora, norte de la ciudad. De acuerdo con los testigos del accidente, la víctima tropezó con uno de los tachones instalados en el suelo para demarcar una ciclorruta y cayó a la carretera.
A esta denuncia se le suman otras menos mediáticas como las de varios motociclistas que han estado al borde de accidentarse por estos elementos en días lluviosos y la de una mujer de 79 años que se fracturó la cadera después de una caída por un tropiezo con un tachón en el barrio Salomia.
La discusión sobre la pertinencia y legalidad de los bordillos, tachas, tachones, estoperoles, boyas y delineadores tubulares (distinguidos por los caleños como ‘bloques y palos amarillos’) tiene tres integrantes. Por un lado está la Secretaría de Movilidad, líder del proyecto bajo el que se aprobó la instalación de estos demarcadores viales con el objetivo aumentar la seguridad de los peatones y reducir los accidentes de tránsito.
Por otro lado está el Concejo de Cali, que ha puesto en duda la justificación técnica y jurídica que cobija la implementación de dichos pacificadores y herramientas de separación vial. Por último están los ciudadanos, cuyas opiniones son variadas pero tienden a la desaprobación de la estrategia con el argumento de que el dinero se hubiera podido invertir en otras necesidades más urgentes.
Según el secretario de Movilidad de Cali, ingeniero William Camargo, estos elementos “hacen parte de distintos tipos de infraestructura y señalización: los usa Metro Cali para dividir los carriles del MIO, se instalan en las ciclorrutas para separar el camino de las bicicletas y se han implementado como elementos de pacificación de tráfico en algunas zonas para disminuir velocidad y mejorar los movimientos vehiculares y peatonales”.
«El contrato de los pacificadores y otras señales fue de $710 millones»: William Camargo, secretario de Movilidad.
El funcionario aseguró que “no costaron $9 mil millones, que fue lo que invirtió la Secretaría de Infraestructura en un contrato de cicloinfraestructura, ni $60 mil millones, que es lo que cuesta la implementación de casi 200 kilómetros de ciclorrutas en Cali. El contrato de los pacificadores y otras señales fue de $710 millones”. Un informe presentado por la Secretaría de Movilidad al Concejo de Cali confirma que este valor fue $718.982.789, tal como se pudo rectificar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).
En el acta de suspensión de dicho contrato, firmada el 9 de mayo de este año, se manifiesta que el contratista terminó las tareas de señalización asignadas por la Secretaría de Movilidad con el 90% del presupuesto pactado al inicio, por lo que quedó a la espera de los nuevos diseños y la ubicación de otros elementos a instalar.
Por su parte, la Secretaría de Infraestructura reportó ante el Concejo que había invertido $6.158.241.622 en la demarcación horizontal de la red de cicloinfraestructura entre 2016 y 2019. De ese valor, cerca de $806 millones se emplearon en la compra de delineadores y tachones.
Medidas a medias
Para el presidente del Concejo de Cali, Fernando Tamayo, la instalación de los pacificadores viales y la demarcación de ciclorrutas obedecen a una norma nacional que obliga a darles prioridad a los peatones y a los ciclistas urbanos; sin embargo, incumple con algunas especificaciones técnicas como el estado de las vías y el tamaño de los andenes.
«La familia de la señora que murió luego de tropezar con un tachón puede demandar porque es responsabilidad del municipio»: Fernando Tamayo, presidente del Concejo de Cali.
“Estamos haciendo un análisis tachón por tachón porque hay unos que cumplen a cabalidad con las normas, pero otros tendrán que ser retirados si los demandamos. Esto sería grave porque configuraría un detrimento patrimonial: invertir dinero público sin cumplir las especificaciones. La familia de la señora que murió luego de tropezar con un tachón puede demandar porque es responsabilidad del municipio”, dijo el concejal.
El cabildante agregó que la Secretaría de Movilidad omitió el proceso de socialización que exige la ley: “los caleños amanecimos un día con esos elementos como por generación espontánea”, dijo, y anotó que el actual secretario de la dependencia, que lleva tres meses en el cargo, “es un tipo bien intencionado, pero llegó a legalizar las ‘embarradas’ de la anterior administración”.
Entre las preocupaciones de los concejales está que el proyecto de construcción de cicloinfraestructura en Cali, que incluye la instalación de bordillos, delineadores tubulares, tachas y tachones, se ha adelantado solo en un 20%: 38 kilómetros de los 192 que deben estar listos a finales de 2019. “Si ya estamos así de invadidos con esos tachones, imagínese cómo nos van a dejar a Cali”, añadió Tamayo.
En cuanto a la destinación de los recursos a otras urgencias como el relleno de los huecos en las calles de la ciudad, tanto el secretario de Movilidad como el presidente del Concejo coincidieron en que ese presupuesto proviene de una fuente que no permite utilizarlo en la reparación de las vías.
$95.148 costó cada delineador tubular; por cada bordillo traspasable se pagaron $69.374 y por cada bordillo no traspasable, $151.405. Cifras de la Secretaría de Movilidad.
Los ciudadanos opinan
Entre las voces de rechazo a la instalación de los tachones están las de aquellos que no les encuentran utilidad: “Es un desacierto en la alcaldía de Armitage y genera sospechas. Esos esperpentos amarillos no ayudan en nada sino que entorpecen el tráfico porque han angostado las vías. Siento que con eso le están pagando un favor político a alguien”, opinó el caleño Camilo Rocha.
«Son protecciones que no sirven porque no las necesitábamos, el MIO las está dañando y hay sitios donde vemos más tachones que espacio para transitar»: Larry Hernández, ciudadano.
Para Larry Hernández, trabajador de una comercializadora de ese tipo de elementos para protección de montacargas y división de zonas en empresas industriales, “los tachones en Cali son un ‘robo legal’. Son protecciones que no sirven porque no las necesitábamos, el MIO las está dañando y hay sitios donde vemos más tachones que espacio para transitar”.
Otros ciudadanos tienen opiniones opuestas: “Me parece que eso funciona, le da un poco de orden a las vías y es una buena medida porque los colombianos somos muy desordenados para manejar. Los tachones nos obligan a hacer ciertos cruces de determinada manera y a respetar otros espacios que no respetaríamos si no estuviera la restricción”, dijo el caleño Carlos Polanco.
‘Sucursal de los tachones’
Más noticias de Cali y Colombia, aquí.
También le puede interesar:
