Carpas, cambuches, ropa extendida en tendederos improvisados, personas bañándose en el río y niños a medio vestir son parte del panorama de quienes transitan por las calles 25 y 26 o por la carrera 1, cerca de la Terminal de Transportes de Cali, desde que las zonas verdes se han llenado de venezolanos que intentan recomenzar la vida sobre el espacio público en el afán de huir de la crisis humanitaria de su país
Según el secretario de seguridad y justicia, Andrés Villamizar, en el lugar hay cerca de 400 migrantes y en los próximos días serán desalojados mediante un operativo policial en el que también participarán el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Migración Colombia y otras entidades que protegerán los derechos de quienes habitan este asentamiento irregular.
“La situación es insostenible. Ha habido numerosos reportes de atracos en la zona, además hay niños pequeños con problemas de salud, menores ejerciendo la prostitución y problemas de salud en adultos por bañarse en el río con agua que no es tratada”, explicó el secretario.
El operativo de recuperación del espacio público estaba propuesto para finales del 2018, pero el alcalde Maurice Armitage decidió aplazarlo con el fin de no afectar a las familias en las celebraciones de fin de año. El 31 de julio se había cumplido un primer plazo para que los migrantes desalojaran de manera voluntaria otra zona verde cercana a la Terminal de Transportes. Sin embargo, pasó poco tiempo para que invadieran un predio aledaño.
A mediados de noviembre, una visita de la Policía al campamento de venezolanos terminó con la incautación de armas blancas y seis kilos de marihuana. Ante el aumento de la inseguridad en el sector, líderes del asentamiento aseguran que los atracos no han sido cometidos por sus compatriotas sino por colombianos y que ellos, en cambio, han intentado defender a las víctimas.
“Mi compromiso es hacer el operativo (de desalojo) antes de terminar enero. Estamos coordinando un par de temas con la Secretaría de Bienestar social para darles un apoyo temporal de arriendo como hicieron en Bogotá. (…) En el sitio habrá una presencia permanente de policías y, si es necesario, se van a utilizar vallas como las de contención de espectáculos. Habrá comparendos para cualquier persona que invada ese sector”, dijo Villamizar.
No tendrán vivienda
A pesar de que los venezolanos reclaman una vivienda o un albergue para desalojar el campamento, la administración municipal ha dejado claro que no les brindará este beneficio. Por su parte, quienes deseen continuar su camino hacia otras ciudades de Colombia o países suramericanos recibirán apoyo en el transporte terrestre como se hizo en julio del año pasado.
“La Alcaldía ha hecho una labor enorme para ofrecerles salud, educación y alimentación. Lo que no podemos garantizarles es una vivienda, ni siquiera lo podemos hacer con los colombianos. En Cali viven cerca de 40.000 venezolanos y la inmensa mayoría ha solucionado su tema de vivienda, estos 400 que están invadiendo el espacio público tendrán que encontrar una alternativa”, añadió el secretario.
Colombianos, aprovechados
Reportes de algunos venezolanos dan cuenta de que ciudadanos colombianos están aprovechando la crisis para hacerse pasar por migrantes del país vecino y pedir limosna en las calles de Cali, con carteles que explican su presunta situación y les evitan hablar y dejar en evidencia un acento que no corresponde al de Venezuela.
“El llamado a la ciudadanía es que no les dé limosna, que si quieren ayudar a los venezolanos que viven en Cali canalicen las ayudas a través del ‘Banco de ayudas’ que están consolidando la Secretaría de Bienestar Social y Pastoral Social”, puntualizó Villamizar.
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