Continúan las agresiones de algunos habitantes del jarillón del río Cauca contra funcionarios de la Alcaldía de Cali y de la Policía.
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La semana pasada, en medio de un procedimiento de restitución de un inmueble que una familia se había negado a entregar voluntariamente, un integrante de la administración municipal fue atacado con un objeto contundente por parte de un joven que se encontraba dentro de la vivienda.
La pelea quedó grabada en un video, en el que se observa que funcionarios de la Policía tuvieron que intervenir para evitar que el agresor continuara con el ataque.
Momentos más tarde se ve que otra mujer sale del inmueble y, con un objeto que recoge del suelo, agrede a otro funcionario. Todo ocurrió en el sector de Brisas del Cauca, el pasado jueves 13 de septiembre.
«En este techo se encontraban cuatro personas, entre ellas dos niños que fueron utilizados como escudo para evitar el ingreso de la Policía. Luego de unos minutos, los niños salieron voluntariamente del inmueble. Los operarios agredidos fueron atendidos de manera inmediata. El agresor fue llevado a una estación, donde se iniciaron los trámites de rigor», explicó el gerente del Plan Jarillón, Juan Diego Saa.
Dos días antes de este altercado se había presentado otro en el que resultó herido un inspector de Policía en el mismo sector.
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«El equipo del Plan Jarillón sigue trabajando en la comisaría de familia del barrio Alfonso López en la concertación con las familias. La invitación es a que concertemos, hay oferta institucional suficiente», añadió Saa.
¿Por qué los sacan de sus viviendas?
En el marco del Plan Jarillón, todas las familias que tengan viviendas construidas sobre el dique que protege a la ciudad de un desbordamiento del río Cauca deben entregarlas para que sean demolidas.
En este punto, la administración municipal les ofrece varias opciones que van desde el pago de una compensación económica hasta la entrega de una nueva vivienda en un lugar seguro, dependiendo de algunos requisitos.
No obstante, las familias que se nieguen a concertar deben enfrentar un proceso de restitución del terreno, pues dicho espacio le pertenece al municipio. En este proceso participan la Secretaría de Seguridad y Justicia, la Policía, la Personería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras entidades.
«El proceso de restitución es el último paso que da el municipio. No quisiéramos darlo, pero, mientras avanzamos, las familias aún están a tiempo para concertar», explicó el gerente.
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Hasta el momento se han derribado cerca de 3400 techos. Dicho espacio queda dispuesto para las labores de reforzamiento del dique y permanece bajo constante monitoreo para evitar que se generen nuevas invasiones.
«Queremos hacer un llamado a la comunidad, a que miremos esto como una oportunidad para todas las familias: para mitigar su riesgo, para mejorar sus condiciones de vida, pero además para protegerlas a ellas y la ciudadanía entera», puntualizó Saa.
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