Tres semanas después de que la Fiscalía capturara al alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda Torres, y a nueve funcionarios más por un desfalco al hospital de la ciudad, otro miembro de la familia deberá responder ante la justicia.
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Se trata de Eliécer Arboleda Riascos, hijo el mandatario, investigado por lavado de activos y otros delitos.
A su captura se sumaron las de Viviana Vanesa Olaya, su esposa; Luz Mary Mina, una empleada doméstica, y Alexánder Ocoró Olave, un guarda de tránsito.
¿Qué hizo?
Según las investigaciones, Arboleda Riascos y su esposa adquirieron dos bienes inmuebles en Cali por valor de $605 millones.
No obstante, utilizaron a la empleada doméstica y al guarda de tránsito para poner las propiedades a sus nombres.
La Fiscalía aseguró que Arboleda Riascos manejaba la contratación en Buenaventura y que al momento de posesionarse en el cargo no tenía ningún bien.
En noviembre del 2016, pocos meses después de su nombramiento, compró un inmueble en Cali por valor de $420 millones.
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Un año después, él y su esposa adquirieron otro por $185 millones.
Los cuatro capturados serán procesados por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
El alcalde y su desfalco
De acuerdo con Alberto Salas, director de la Fiscalía Nacional Especializada Contra la Corrupción, el alcalde de Buenaventura y otros funcionarios se habrían robado $5014 millones que debieron haberse invertido en los diseños del único hospital del puerto.
«Los estudios de vulnerabilidad sísmica no se contrataron, no hay diseños. (…) El hospital puede derrumbarse en cualquier momento», dijo Salas.
El funcionario agregó que las obras para la reestructuración del centro hospitalario ya habían sido contratadas por la administración anterior, pero no se ejecutaron.
Para ‘ahorrarse’ el dinero de los estudios y diseños, el alcalde y los contratistas optaron por falsificar unos que ya estaban hechos por otra persona, según aseguró Salas.
«El señor alcalde suscribió los contratos con esas firmas con las que tiene una relación estrecha. (…) En lo que va de este año ha continuado la ejecución de comportamientos ilícitos entre las mismas personas», explicó.
En total, los contratos suscritos entre la Alcaldía de Buenaventura y la Unión Temporal MC. Asociados sumaron $9994 millones, repartidos en un contrato inicial y dos otrosíes.
El objetivo del proyecto era mejorar las zonas de hospitalización de adultos, cirugía, imagenología, pediatría, nutrición y despensa de la institución.
Por este desfalco, el alcalde y ocho de los funcionarios involucrados fueron enviados a la cárcel el pasado 24 de abril. Un contratista recibió medida no preventiva de la libertad. Ninguno aceptó los cargos.
Otros problemas en Buenaventura
La semana pasada, el exsecretario de Planeación del Distrito fue asegurado por supuestas irregularidades en la contratación.
Los hechos de los que se desprendió la investigación sucedieron el 3 de agosto del 2015, cuando Wilmar Garcés ejercía su cargo y firmó un contrato por $3800 millones con el consorcio Acuaparque para iniciar obras.
Sin embargo, la Fiscalía estableció que no existían diseños para las obras proyectadas y que el sitio destinado para las mismas era un terreno de invasión en el que no se habían hecho los trámites necesarios.
Tampoco contaban con licencia ni permiso de construcción, y habían estipulado que las obras estarían listas en seis meses, un tiempo imposible de cumplir.
Por estos actos, Garcés habría violado el principio de planeación y legalidad, lo que conllevó al retardo y la no ejecución del proyecto.
A pesar de su experiencia como ingeniero civil, el funcionario tampoco verificó los requisitos de estudios previos que debía incluir el contrato.
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