millones es lo que cuesta actualmente la nómina del HUV, según dijo la gobernadora Toro.
“A los trabajadores que no logramos mantener en sus empleos, les ofrecemos todas las garantías de ley en sus pagos. Y pese a que estas decisiones no son fáciles, es nuestra prioridad garantizar la vida de todos los pacientes que reclaman atención”.
594. Este es el número de trabajadores del Hospital Universitario del Valle (HUV) que serán despedidos debido a la entrada en vigencia de la Ley 550, también llamada ley de quiebra, medida solicitada por la gobernadora Dilian Francisca Toro hace varios meses y aprobada por la Superintendencia Nacional de Salud este miércoles en la noche.
En una alocución para todos los vallecaucanos, Toro aseguró que la decisión es solo el primer paso de todo un proceso de reingeniería que se debe hacer para salvar el HUV y alejar el fantasma de la liquidación.
“Se requirió una transformación estructural con la que logramos salvar 1352 empleos directos. Si hubiéramos liquidado, se habrían perdido 2034 empleos. Eliminamos de manera definitiva 400 cargos que estaban vacantes y suspendidos la escalera laboral de 61 cargos, muchos sin justificación y en cargos que superaban los 20 años, transgrediendo toda norma”, manifestó la mandataria departamental.
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Toro recalcó que el costo más representativo del Hospital son los salarios “y el elevado factor prestacional que este representa. De $11.000 millones facturados cada mes por servicios prestados, $8.000 millones se destinaban al pago de nómina, dejando al HUV casi sin recursos para compra de insumos y funcionamiento”.
La Gobernadora aseveró que solo cuando comenzó su mandato pudo darse cuenta de que la crisis del principal centro hospitalario del Suroccidente colombiano era más grave de lo que se pensaba.
“En enero encontramos un hospital con un déficit financiero de más de $280.000 millones, con una calificación de ‘Alto riesgo’ del Ministerio de Salud y la Supersalud. Pero lo más preocupante, con los servicios de alta complejidad casi que suspendidos. Unidades como la de Trauma y Emergencia solo funcionaban en un 5%, Neurocirugía a un 20% y la Unidad de Hemato-oncología estaba prácticamente cerrada”, señaló Toro.
La mandataria agregó que otro de los problemas era el de la facturación ineficiente. Tanto así, que se hallaron 14 cajas con facturas de cuentas sin cobrar por más de $10.000 millones, “recursos que nunca ingresaron a las arcas del Hospital, hecho que denunciamos ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Procuraduría”.
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Después de dicho hallazgo, y en el mismo proceso de reestructuración del centro hospitalario, se transformó el sistema de facturación y se pasó de cobrar $11.000 millones a $14.000 millones mensuales, en el poco tiempo que lleva de ejecución.
Toro manifestó que actualmente el Departamento está al día con todos los empleados del HUV y que con la entrada en vigencia de la Ley 550 el hospital ahorrará anualmente entre $40.000 millones y $50.000 millones.
“A los trabajadores que no logramos mantener en sus empleos, les ofrecemos todas las garantías de ley en sus pagos. Y pese a que estas decisiones no son fáciles, es nuestra prioridad garantizar la vida de todos los pacientes que reclaman atención”, subrayó la Gobernadora.
El anuncio cayó como un baldado de agua fría entre los gremios de trabajadores y sindicatos del HUV. Jorge Rodríguez, presidente de Sintrahospiclínicas, calificó el hecho como una “masacre laboral”.
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“Por fin se desenmascararon las intenciones de la señora Gobernadora. Se acaba la Junta Directiva del HUV, donde se anuncia la masacre laboral de casi 600 compañeros activos hoy en el Universitario, entre empleados públicos de carrera, provisionales y trabajadores oficiales. La Gobernadora está liquidando el hospital, para convertirlo en la fundación que siempre ha querido tener, la Fundación HUV, para generar sus negocios”, dijo el líder sindical.
Rodríguez añadió que “si es necesario salir a tomarnos las calles, salir a denunciar el macabro programa de liquidación que está iniciando la Gobernadora, eso vamos a hacer”.
Entretanto, Toro reiteró que la Ley 550 no pretende liquidar el HUV, sino garantizar que esta institución de 60 años, vital para la salud de todo el Suroccidente colombiano, siga funcionando.
“Ahora más que nunca sus puerta estarán abiertas para atender a todos sus usuarios, con o sin EPS, los pacientes encontrarán los mejores servicios, tecnología de punta y los más grandes especialistas dispuestos a brindar la mejor atención”, concluyó la mandataria, quien hizo un llamado a la cordura a quienes verán sus intereses particulares afectados por estas decisiones.
