Así como se han prendido las alarmas en varias regiones del país por las voces de los defensores de derechos humanos que han sido acalladas por los fusiles, en Bogotá también ronda este miedo, porque se vive esta misma violencia. Sin embargo, las dinámicas en la capital son otras.
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En la periferia advierten sobre la presencia de grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo los ha identificado como grupos posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En las calles no dudan en señalarlos como ‘paras’; mientras que otros, a través de la historia, los han catalogado como ‘la mano negra’, ese brazo ultraderechista al que culpan de la limpieza social. Y es que este término se traduce en asesinatos selectivos contra personas consideradas como indeseables, que comprenden, generalmente, poblaciones estigmatizadas socialmente.
A esos grupos también los responsabilizan de las persecuciones, amenazas e incluso violaciones contra la vida de quienes defienden los territorios, aquellos líderes que luchan incesablemente por su comunidad. Así lo perciben en los barrios que han sido campo de batalla de quienes se disputan el territorio.
¿Quiénes son?, ¿dónde están? Las recientes Alertas Tempranas, emitidas por la Defensoría, dan cuenta de la violenta realidad de los sectores más vulnerables de la ciudad. Es así como Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy son localidades de alto riesgo, según los documentos de la Defensoría. Además de los grupos posdesmovilización de las Auc, el organismo también ha alertado sobre la presunta presencia del Eln y de disidencias de las Farc (ver mapa)
A pesar de las alertas de la Defensoría y de las advertencias de los habitantes de estas zonas, Jairo García, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, expresó en días pasados que el tema se viene analizando desde hace varios meses por las autoridades, pero que hasta el momento no se ha encontrado ninguna evidencia, ni de inteligencia, ni de investigación judicial, que sugiera la presencia permanente de grupos armados ilegales en estas localidades de Bogotá. Asimismo, afirma que en la ciudad lo que sí existe es delincuencia común: “Tuvimos una reunión muy productiva con el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Personería y todas las entidades de seguridad del orden nacional y distrital y la conclusión es que no existen argumentos claros que nos puedan indicar la presencia de estos grupos”.
En su pronunciamiento, García también desmintió la existencia de ‘casas de pique’ en Bogotá. Esto, en respuesta a la última Alerta Temprana (n.º 023-19) de la Defensoría, en la que se advierte sobre asesinatos bajo la modalidad de descuartizamiento.
Sin embargo, ¿de dónde salen las amenazas?, ¿quién está escribiendo los panfletos que circulan por los barrios?
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El riesgo es inminente para los defensores
Las amenazas a líderes no se pueden desligar de la presencia de los grupos armados ilegales en las localidades donde hacen su trabajo. Tan solo para citar un ejemplo, la Alerta Temprana de la Defensoría, que se conoció hace pocos días, expone que “organizaciones locales y líderes y lideresas comunitarias de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa han denunciado el aumento de amenazas y asesinatos de jóvenes en distintos puntos de esta zona de la ciudad”. En la misma medida, “han venido circulando panfletos amenazantes suscritos por quienes se autodenominan Grupos Armados Ilegales Posdesmovilización de las Auc (Gaipdauc), al tiempo que han proliferado amenazas verbales de exterminio social y se ha incrementado el tráfico de sustancias psicoactivas (SPA)”. El tema es igual de preocupante en Usme, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, tal y como las anteriores alertas lo han señalado. Pero además de las crecientes amenazas, organizaciones y la misma Defensoría han reportado homicidios a defensores en la capital, aunque las cifras oficiales del Distrito no registran casos (ver infografía).
Para atacar este tipo de problemas y atender a quienes estén en riesgo, la Secretaría Distrital de Gobierno asegura que cuenta con la Ruta Distrital de Atención y Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Francisco Pulido, subsecretario de Gobernabilidad y Garantía de Derechos de la Secretaría de Gobierno, explicó a PUBLIMETRO que con esta medida se “buscan implementar medidas transitorias –hasta tanto la Unidad Nacional de Protección (UNP) adelanta el estudio del nivel de riesgo e implementa medidas que permitan mitigar el riesgo– para que no vayan a resultar vulnerados los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de los defensores”.
De esta manera, la ruta brinda medidas preventivas, como rondas policiales, charlas de autoprotección implementadas por la Policía Metropolitana de Bogotá de manera articulada; también ofrece medidas transitorias como apoyo de traslado o reubicación intraurbana, transporte interno, acompañamiento psicosocial y jurídico, orientación administrativa, articulación interinstitucional con otras entidades, y otras que puedan estimarse pertinentes sin que sean propiamente medidas de protección. Esto quiere decir que desde el Distrito no se implementan hombres armados, vehículos blindados y chalecos, entre otros, porque esas serían medidas de protección propiamente implementadas por la UNP cuando hay un estudio de nivel de riesgo validado como extraordinario o extremo.
Pero a pesar de las medidas, ¿por qué habitantes de estos barrios han tenido que abandonarlos?
La lucha por el control de las zonas apartadas de Bogotá
De acuerdo con las advertencias que han surgido en las localidades antes mencionadas, uno de los factores que motivan la presencia de grupos armados tiene relación directa con las economías ilegales.
Con esto, se hace referencia, principalmente, a la venta de droga, que en las Alertas Tempranas de la Defensoría aparece como un tema de narcotráfico y no de microtráfico. Es decir, estas alertas advierten sobre un comercio ilegal de droga en grandes cantidades. El mismo defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, ha señalado públicamente que en zonas como Ciudad Bolívar es tal el problema de la comercialización de drogas, que ya no se puede hablar de microtráfico.
Así lo perciben también en los barrios. Un reconocido líder con incidencia en Usme y San Cristóbal, que tuvo que abandonar el territorio por hostigamiento de sujetos que dijeron que trabajaban para los paramilitares, expuso a este medio que en la ciudad “siempre se debe hablar de narcotráfico, porque el microtráfico es una forma de coger a la persona que consume, porque lleva pequeñas dosis, pero la venta de droga nunca se ha hecho a pequeña escala, siempre se hace a gran escala, y en los barrios se hace a través de ‘ollas’”.
Sin embargo, las autoridades han mostrado su desacuerdo con esta teoría. Empezando por la Policía Metropolitana de Bogotá, quien aseguró a PUBLIMETRO que en la capital “no se podría hablar de narcotráfico, ya que estas organizaciones y narcotraficantes se encuentran con sus estructuras fuera de la ciudad”. La Policía resalta que con sus grupos especializados “viene adelantando un excelente trabajo de manera preventiva y operativa en la lucha contra este fenómeno delincuencial”.
Para la Secretaría de Seguridad, el tema de la venta de droga tampoco se dimensiona al punto de hablar de narcotráfico. “Creo que hay unas dinámicas que, en términos de cómo está operando el tráfico de drogas, han cambiado, y son distintas en las diferentes zonas de la ciudad”, enunció María Lucía Upegui, subsecretaria de Seguridad y Convivencia, tras subrayar que el rol de la entidad no va más allá de recibir la información. Y es que lo que hace la Secretaría de Seguridad y Convivencia es “un informe técnico que recopila la información, para presentarla a las autoridades competentes, con el fin de que ellos desarrollen la investigación”. De esta manera, se acerca la institucionalidad a la comunidad. Según dijo, esta estrategia se encuentra reforzada en sectores denominados como Territorios de Alta Complejidad (TAC), algo así como ‘los Bronx’ de la ciudad, que “afortunadamente no todos son de la misma complejidad, ni tienen las mismas variables asociadas”.
¿A quién creerle entonces?, ¿a las autoridades que dicen que lo que hay en estas zonas es microtráfico?, ¿a la Defensoría y a los habitantes de las localidades que dicen que hay narcotráfico?
La Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, en alianza con El Espectador, realizó un trabajo denominado Microtráfico, un negocio con menores, en el que se advierte que “en los barrios periféricos y populares de las ciudades de Colombia, los menores de edad son reclutados por redes criminales para que alerten sobre la presencia de la fuerza pública, empaquen droga y hagan parte de la comercialización de sustancias psicoactivas. A cambio, reciben objetos de valor como celulares o ganancias sobre sus ventas”. No cumplir con lo pactado, puede costarles su vida o la de sus familiares. Lo que sí demostraría que hay un problema de tráfico de drogas a gran escala.
Con este panorama, y con las zonas de riesgo identificadas, ¿las medidas de las entidades involucradas son suficientes? ¿Se está minimizando la violencia que se vive en estos barrios? ¿Cuáles son los grupos que existen en estas localidades de Bogotá y cómo operan? ¿Cuál es la diferencia con otras ciudades y otras regiones del país? ¿Cómo viven los habitantes de estas zonas con la violencia tocando a las puertas de sus casas? ¿Cuál es el riesgo para los defensores de derechos humanos que quieren seguir luchando por sus barrios? Esto es lo que se tratará de resolver en las próximas entregas del especial La Bogotá armada.
