“Bogotá nos ha acogido a muchas personas que venimos de fuera y en ese orden, y en ese marco, nosotros respetamos la sentencia de la corte constitucional, acogemos a los habitantes de calle con toda la oferta institucional de la secretaría y estamos proponiendo trabajar en una mesa con las principales ciudades para poder diseñar una política conjunta para el tratamiento de la problemática», María Consuelo Araújo, secretaría de Integración Social.
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Las últimas semanas han estado convulsionadas en la capital del país, la percepción de inseguridad y vandalismo ha incrementado entre los ciudadanos después de la intervención del Bronx, hace ya casi tres meses, por la presencia de habitantes de calle en distintos sectores.
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Es usual escuchar comentarios en la calle como “deberían exterminarlos o por lo menos reubicarlos en una zona en donde no molesten a nadie”, “deberían obligarlos a rehabilitarse” o “es que todos son unos hampones”.
Y aunque los residentes de barrios como La Estanzuela, Veraguas y otros en el centro de Bogotá, que se han visto afectados directamente por la presencia de esta población, han pedido una solución este no es un tema que haya nacido con el Bronx.
Si bien es cierto que la dependencia a las drogas es uno de los factores que hace que los habitantes de calle se mantengan en la mendicidad, según el estudio de ‘Bogotá Cómo vamos’, acerca del tema, evidencia que tan solo en el año 2015 se presentaron 88 homicidios en contra de esta población, incrementando en un 44% respecto a la cifra del año inmediatamente anterior en donde se presentaron 61 casos.
¿Y quién por su seguridad?
El gobierno de Gustavo Petro con el decreto 560 de 2015 prometió una atención integral para ellos. De hecho, en el documento quedó claro “que las ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle han sido históricamente víctimas de violencias y discriminación, su modo de vida y las dinámicas asociadas a éste han terminado por desencadenar una serie de desafíos para las entidades que deben velar por la protección de los habitantes de calle, en términos del reconocimiento de su ciudadanía, el goce pleno de sus derechos, la configuración de condiciones que les permitan llevar una vida digna, el impulso y fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana, el reconocimiento de las diferencias y la inclusión social”.
Basándose en este decreto, que planeta seis componentes para la atención de esta población, el gobierno de Enrique Peñalosa ha actuado ofreciéndole ayuda a más de 2000 habitantes de calle que la han aceptado voluntariamente, según datos de la Secretaría de Integración Social.
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Sin embargo, el panorama no es muy alentador. Según el estudio cada 4 de 10 habitantes de calle son niños y adolescentes, y el 39% de esta población llegó a la calle cuando era menor de edad. El último censo que se realizó de esta población fue en el año 2011 en donde se registró que 9614 personas se encontraban en esta condición. No hay datos más actualizados.
El distrito aseguró que se invertirán 172.000 millones de pesos durante el cuatrenio para la atención de esta población. Por otro lado, Integración Social manifiesta que en un día normal se adelantan en promedio 140 traslados de habitante de calle a hogares de paso.
Aunque la ayuda a esta población ha estado presente, también se queda claro que no ha sido suficiente. “El escenario actual tiene varios desafíos. Es necesario repensar las estrategias para prestar ayuda a estas personas, pues las actuales no han tenido el impacto esperado, en parte porque se depende de la voluntad de los habitantes de calle para participar de los programas de atención y resocialización. La jurisprudencia actual es explicita en señalar que ellos deben asistir de manera voluntaria. Situación que de cierto modo, limita el accionar de las autoridades”, comenta el estudio de ‘Bogotá Cómo Vamos’.
La alcaldía aseguró que le pedirá a la Corte que evalúe el fallo para tomar medidas más fuertes y controlar este fenómeno. Sin embargo, el gobierno actual también se enfrenta a la manipulación de la bandas criminales para fines delictivos y el consumo de estupefacientes descontrolado.
“Bogotá nos ha acogido a muchas personas que venimos de fuera y en ese orden, y en ese marco, nosotros respetamos la sentencia de la corte constitucional, acogemos a los habitantes de calle con toda la oferta institucional de la secretaría y estamos proponiendo trabajar en una mesa con las principales ciudades para poder diseñar una política conjunta para el tratamiento de la problemática”, puntualizó la secretaria de Integración Social, María Consuelo Araújo.
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