Este miércoles, un juez administrativo condenó al Ministerio de Defensa por los daños morales y materiales causados a los padres del joven.
«Resulta evidente que la muerte del joven Becerra Lizarazo fue ocasionada por un arma de dotación oficial, utilizada por un miembro de la Policía Nacional en actos de servicio, con los que estaría claramente demostrado el título objeto de imputación de riesgo excepcional», dice el juzgado.
El juez afirma que no hay ninguna duda de que Diego Felipe murió por una clara falla en el servicio por parte de las entidades demandadas.
Por esta razón, el Ministerio de Defensa deberá pagar una indemnización de 20 salarios mínimos, es decir, 135 millones de pesos, a la madre del joven, Liliana Lizarazo.
Asimismo, la misma suma al padrastro, Gustavo Trejos, quien también fue avalado como padre de crianza de Becerra.
Por otro lado, se negaron algunas peticiones de la familia como excusas públicas y la indemnización de la abuela del joven grafitero, sus tíos, amigos y la nana. La decisión fue apelada y el Tribunal Superior de Bogotá será quien tome la determinación.
“La difusión de la muerte de Diego Felipe Becerra en principio por parte de la Policía Nacional ante los medios de comunicación fue la de un delincuente abatido en persecución, lo que permite demostrar la afectación al buen nombre del joven Diego Felipe Becerra ante su comunidad, que no puede ser reparado con el pago de dinero como se señaló en líneas precitadas, pero sobre el cual debe pronunciarse en juez administrativo, en cumplimiento de la reparación integral”, señala el fallo.
El juzgado dice que hay certeza que los miembros de la Policía no actuaron en defensa propia y el arma de fuego no fue “activada injustificadamente”. Además, se “pretendió ocultar el actuar irregular, alterando la escena de los hechos”.
