Este jueves se llevó a cabo en Barranquilla la audiencia de legalización de captura a las nueve personas investigadas por presunta defraudación a la Universidad Autónoma del Caribe.
La fiscal tercera especializada, adscrita a la Unidad de Patrimonio, reveló que esas irregularidades se dieron a conocer con una denuncia interpuesta por la estudiante Yeilis Pájaro Palomino y que posteriormente fue respaldada por otra estudiante, Katiuska Tamayo.
El cobro en efectivo de las matrículas en la universidad alertó a los mismos estudiantes que veían como algo inusual que tuvieran que llevar el dinero hasta la institución y no pagarlo directamente en los bancos.
Ese requerimiento que se le solicitó a los estudiantes de pagar en efectivo y sumado a la falta de pago a los profesores y los daños en la infraestructura de la Universidad, alertó a los futuros profesionales de que algo andaba mal en el centro de educación superior.
La fiscal reveló que tras esas denuncias, el ente investigador inició las indagaciones para saber sobre el manejo de los recursos y quiénes era los responsables del manejo de ese dinero.
Esas investigaciones dieron con la captura en el día de ayer de varias personas que hicieron parte de la parte administrativa de la Universidad. Los capturados, en diferentes allanamientos realizados por el CTI de la Fiscalía y el Ejército, fueron Mariano Romero Ochoa, Efraín Augusto Maldonado Palma, Orlando Saavedra Magri, Sindy Paola Solar Vargas, Laura del Carmen Laino, Pedro Sierra García, Johana Martina Hellembrand, Jesús David Pantoja Mercado y Yeseny Morales Magdaniel.
La Fiscalía le imputará cargos por enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documentos, concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y estafa.
Por el caso también está en la búsqueda por parte de las autoridades el exrector Ramsés Vargas Lamadrid.
La verdad saldrá a la luz: Silvia Guette
La exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce aseguró este jueves que tras la captura de 9 de 10 procesados por presunta defraudación en ese centro de educación superior, espera que «se conozca la verdad sobre el momento en que comenzaron los malos manejos de recursos económicos» en esa institución.
«Dios al final está poniendo su mano en estos procesos y se va a saber toda la verdad», dijo la colombo-argentina, quien confidencialmente asistió a una audiencia preparatoria de juicio por una denuncia que interpuso el prófugo Ramsés Vargas Lamadrid sobre un presunto autopréstamo de la rectora por más de 1.113 millones de pesos. En este proceso, también, se había anunciado en otras oportunidades la asistencia de Vargas como testigo.
Opinó que tras las investigaciones, «tiene que haber luz en todas estas injurias y calumnias».
«Lo único que pido es que de la misma forma que me trataron a mí desde 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, así se trate a estas personas», sostuvo Gette Ponce, quien fue asistida en esa diligencia por la abogada Bianith Bohórquez.
La exrectora precisó que pide justicia, «justicia para mí para mis hijos y para mi familia».
Silvia Gette quien dijo desconocer por qué fueron las capturas de las nueve personas, afirmó que «desde 2013 cuando yo vi cómo me estaban acusando del millón de dólares, yo identifiqué que me estaban falsificando la firma, pusieron sellos en vez de mi firma».
La audiencia fue suspendida porque el equipo jurídico de Silva Gette recusó al juez décimo de conocimiento Julio De la Hoz Noriega, al considerar que no ofrecía garantías, ya que en el 2014 fue asesor jurídico de la Universidad Autónoma del Caribe, estando Ramsés Vargas Lamadrid al frente de la rectoría de esa institución académica fundada por Mario Ceballos.
Venta de bienes
De acuerdo a un informe de la Subdirección de Inspección y Vigilancia que entregó al Ministerio de Educación sobre los estados contables de la institución, el valor de los bienes de la universidad sumaba 134.680 millones de pesos. De estos, han sido entregados en garantía a Davivienda, Fiduciaria BBVA y el Helm Bank, propiedades por 89.182 millones de pesos.
Según el informe por la crisis administrativa y financiera, la Universidad Autónoma ha perdido y comprometido 47 de sus bienes más valiosos, la mayoría localizados en el sector de la carrera 46 y 49C entre calles 88 y 90, como el bloque administrativo, la biblioteca, el edificio de parqueaderos y el consultorio jurídico; también el polideportivo de 14 hectáreas, considerado la ‘joya de la corona’, por el sitio donde se encuentra en la autopista a Puerto Colombia, y varios apartamentos.
Los investigadores hallaron 11 inmuebles hipotecados: la sede del Centro Jurídico y la Sala de Arbitramento, hipotecado a B&V Comunicaciones Estratégicas; una sede del jardín Mi Pequeña Uniautónoma y la sede de la Dirección Académica, hipotecadas a Inversiones Agropecuaria de la Costa; la otra sede del Centro de Educación Permanente, seis apartamentos del Edificio Sol Caribe y una casa llamada Villa Aireen, también hipotecados a B&V Comunicaciones Estratégicas.
La Autónoma entregó una lista de otros 10 inmuebles, pero no incluyó, dice el Ministerio, los certificados de tradición. Por lo tanto, no se sabe en qué condiciones jurídicas están.
La frase: «Lo único que pido es que de la misma forma que me trataron a mí desde 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, así se trate a estas personas», Silvia Guette.
La cifra: La Universidad Autónoma posee un déficit superior a los 108 mil millones, pérdida de bienes, contrataciones sin soportes, adulteraciones de actas y detrimento patrimonial.
