A partir de julio de 2025, entrará en vigor la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, que incluirá descuentos obligatorios para los pensionados de mayores ingresos, en el marco de la creación del Sistema Integral de Protección a la Vejez. El objetivo principal de esta reforma es fortalecer el sistema de pensiones y proporcionar una mayor cobertura para los adultos mayores con menos recursos.
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Según lo establecido en la ley, los pensionados que reciban más de 10 salarios mínimos estarán obligados a aportar al Fondo de Solidaridad Pensional. Aquellos con pensiones entre 10 y 20 salarios mínimos (es decir, entre $14.235.000 y $28.470.000) deberán aportar un 1% de su mesada, mientras que los que superen los 20 salarios mínimos (más de $28.470.000) contribuirán con un 2%.
Esta medida, que será aplicada tanto a pensionados en Colpensiones como en fondos privados, ha generado controversia y enfrenta obstáculos legales, ya que la Corte Constitucional aún debe decidir sobre la validez de la reforma debido a un proceso judicial en curso. La Corte no ha fijado un plazo para resolver el caso, lo que podría generar incertidumbre sobre la implementación de la reforma.
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El gobierno ha solicitado una audiencia pública para discutir la ley, mientras la Procuraduría General interviene en el proceso por un error administrativo relacionado con el trámite. El presidente Petro espera que la Corte se pronuncie antes de la fecha de implementación, pero si no lo hace, la reforma será aplicada sin una decisión definitiva sobre su constitucionalidad. Cabe resaltar que el alto tribunal debe decidir antes de la fecha que el Gobierno Petro quiere implementar la ley de pensiones, de otra manera, esta se aplicará sin pronunciamiento definitivo.
