La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra funcionarios de la Alcaldía de Santiago de Cali debido a la presunta falta de servicios de transporte escolar y aseo en varias instituciones educativas oficiales, especialmente en la zona rural de la ciudad. Esta situación ha generado protestas y bloqueos por parte de la comunidad educativa, que exige soluciones inmediatas.
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Según la entidad, al inicio del año lectivo 2025, varios colegios no contaban con el personal necesario para realizar labores de servicios generales ni con el transporte adecuado para movilizar a los estudiantes, lo que ha impedido que muchos niños asistan a clases.
La investigación busca identificar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de las conductas y establecer si estas constituyen faltas disciplinarias. Además, se pretende verificar si los implicados actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
En respuesta a las protestas que se presentaron este miércoles 12 de febrero, la Secretaría de Educación de Cali explicó que la demora en la prestación del transporte escolar se debe a un cambio en el modelo de contratación. Anteriormente, el servicio se contrataba mediante licitación pública, pero para 2025 se optó por la Bolsa Mercantil de Colombia, siguiendo recomendaciones de la Procuraduría y lo establecido en el Decreto 310 de 2021. Este proceso, que comenzó en noviembre de 2024, se encuentra en su etapa final, con la adjudicación del contrato prevista para el 19 de febrero y el inicio del servicio el 24 de febrero.
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Mientras tanto, la Secretaría propuso entregar recursos económicos a las instituciones educativas oficiales para subsidiar el transporte de los estudiantes. Sin embargo, esta alternativa no ha sido bien recibida por los padres, quienes argumentan que muchos niños no tienen otra forma de desplazarse hasta sus colegios.
La comunidad educativa espera que, con la intervención de la Procuraduría y los compromisos adquiridos por la Alcaldía, se restablezcan pronto los servicios esenciales en las instituciones afectadas, garantizando así el derecho a la educación de los estudiantes.
