En un esfuerzo por mitigar la contaminación auditiva y garantizar la convivencia ciudadana, las autoridades de Cali llevaron a cabo operativos de control de ruido en establecimientos nocturnos de la ciudad. Durante la noche del sábado 8 de febrero de 2025, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), en colaboración con la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad, intervino en la carrera 66, una zona reconocida por su actividad nocturna.
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Israel Corredor, coordinador central del Dagma, explicó que el objetivo principal de estas visitas es concienciar a los propietarios de bares y discotecas sobre la importancia de cumplir con las normativas ambientales relacionadas con los niveles de ruido permitidos. Durante el operativo, se verificó la documentación de los establecimientos y se realizaron mediciones de los niveles sonoros emitidos. Como resultado, seis locales fueron clausurados debido a la falta de documentación en regla.
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Corredor enfatizó la necesidad de que los comerciantes ajusten el volumen de sus equipos de sonido para evitar molestias a las comunidades circundantes. La normativa establece límites de decibelios que varían según la zona: en áreas residenciales, se permiten hasta 55 decibelios en horario nocturno y 65 en diurno; en zonas mixtas, los límites son de 60 decibelios por la noche y 70 durante el día.
Estos operativos forman parte de una estrategia más amplia del Dagma para controlar la contaminación acústica en la ciudad. En los primeros 15 días de implementación del plan para el control de ruido en la temporada de fin de año, se visitaron 127 establecimientos comerciales en diversas zonas de Cali, incluyendo el centro, El Vallado, Ciudad Córdoba, Ciudad Jardín, Potrero Grande, Calimio y Siloé. De estas visitas, 45 resultaron en citaciones para cursos de educación ambiental, y se incautaron seis parlantes que excedían los niveles de ruido permitidos.
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La reciente aprobación de la ley contra el ruido por parte del Congreso de Colombia refuerza estos esfuerzos locales. Esta legislación, liderada por el congresista Daniel Carvalho, busca unificar las normativas existentes y reducir la contaminación acústica en el país. Entre sus disposiciones, se establece la necesidad de una política de calidad acústica y la creación de planes de gestión del ruido en ciudades con más de 100,000 habitantes.
Las autoridades locales instan a la comunidad a reportar cualquier problemática relacionada con el ruido. Dependiendo de la fuente generadora, las denuncias pueden dirigirse al Dagma, la Secretaría de Movilidad Distrital o la Policía Metropolitana. Estas acciones buscan asegurar que los comerciantes operen de manera legal y que los ciudadanos puedan disfrutar de un ambiente tranquilo y saludable en sus hogares.
