En las últimas horas se conoció que seis funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Cali durante cerca de tres años habrían borrado el cobro de multas de tránsito de manera ilegal de 516 procedimientos sancionatorios a los conductores de la capital del Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación recopiló la pruebas necesarias para que fueran enviados a la cárcel. De acuerdo con el ente acusador estos procedimientos ilícitos se realizaron entre el 2019 y 2022.
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El ente acusador, logró recopilar los elementos de prueba suficiente y la evidencia física de la existencia de un entramado de corrupción en el que participaron funcionarios públicos y particulares.
Funcionarios de la Secretaría de Cali tenían un entramado de corrupción para borrar multas
El grupo conformado por los funcionarios de la Secretaría de Movilidad y una persona particular, se dedicaba a exoneraba del pago de comparendos a varios infractores de normas de tránsito en Cali.
“Los presuntos involucrados son cinco servidores de la Secretaría de Movilidad de la ciudad, identificados como Andrés Quimbayo Rojas, Juan Carlos Peña Rico, Rubén Darío Martínez Hernández, Jesús Antonio Chica Hincapié y Larry Tovar Ortega; y Sandra Liliana Castañeda Reyes, propietaria de un establecimiento de comercio. Estas personas son señaladas de articularse y poner en marcha distintas maniobras para que no fueran cobradas 516 multas de tránsito a 336 ciudadanos, entre 2019 y 2022″, informó la Fiscalía a través de un comunicado.
Además, se logró identificar que en algunos casos los funcionarios habrían emitido resoluciones revocatorias sin tener ningún sustento.
La Fiscalía indicó que a cambio de estos procedimientos habrían recibido 103 millones de pesos.
“Por estos hechos, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturó a los implicados en diligencias realizadas en Cali. La Fiscalía los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, según sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho por dar u ofrecer, cohecho impropio y cohecho propio”, indicó el ente acusador.
Sin embargo, los ahora procesados no aceptaron los cargos, por lo que deberán enfrentar el proceso judicial en la cárcel.
