La Procuraduría General de la Nación se desplazó hasta la ciudad de Tuluá, al centro del Valle del Cauca, por los recientes hechos que han alterado el orden público. El pasado 10 de febrero se registró una quema de vehículos, de un local comercial, la muerte de un agente de tránsito, otro más quedó herido y hasta un niño menor de edad.
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En la cárcel de Tuluá se encuentran las personas pertenecientes a estos grupos delincuenciales que buscaban tener el poder de la ciudad, entre los que se encuentran en su mayoría de ‘La Inmaculada’, hasta ese lugar llegó la Comisión Especial de la Procuraduría, donde realizó uno de los hallazgos donde encontró que el 70% de las cámaras de video vigilancia se encuentran en mal estado, pese a que en innumerables ocasiones se le ha pedido a la Uspec que sean reparadas.
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Javier Sarmiento, procurador delegado de Derechos Humanos de la Procuraduría, indicó que luego de la reunión con el director de la cárcel de Tuluá, evidencio que los muros perimetrales que separan el establecimiento con el barrio La Inmaculada, donde nació la organización criminal que lleva el mismo nombre, no han sido construidos, lo que puede permitir el paso de drogas, armas, celulares y demás tipos de elementos que son prohibidos.
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Pésimas condiciones en cárcel de Tuluá
Uno de los hallazgos más graves fue que desde el incendio que se presentó en el 2022, que cobró la vida de 56 presos, el ente encontró que sigue sin funcionar el sistema contra incendios, pues está dañado y más de 900 personas corren peligro si se presenta una situación similar nuevamente.
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El Procurador delegado alertó al Gobierno Nacional, pues indicó que si no se expanden las medidas de seguridad, los municipios aledaños del Valle del Cauca van a sufrir la violencia que se ha presentado en Tuluá por la captura de alias ‘Nacho’, máximo cabecilla de ‘La Inmaculada’.
